HABLANDO Y ESCRIBIENDO
La postura radical de las partes que integran el conflicto legal conocido por todos en la ciudad, entre un club social y un particular, por el reconocimiento al status civil del segundo, derivado de la firma de un contrato de convivencia, esta creciendo de manera peligrosa para el Estado, al poder salir de la esfera local, para trasladarse al ámbito internacional, con las repercusiones del todo negativas que se presentarían, tanto para Chihuahua estado, como también para México como país.
La ley para Prevenir y Eliminar la discriminación en el Estado de Chihuahua, publicada en el Periódico Oficial del Estado, el 07 de Julio del 2007, establece ordenamientos claros y concretos, que bien pueden aplicarse en estricto sentido al conflicto, ya que además, contempla la creación de una subcomisión, pero no es, si no hasta hace apenas unos días, cuando recién se instauró y comenzó a operar.
Más recientemente, la Constitución General de la República, en su reforma del 10 de Julio del 2011, consagra en su artículo primero, los derechos humanos de la siguiente forma:
ARTICULO 1o. EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TODAS LAS PERSONAS GOZARAN DE LOS DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS EN ESTA CONSTITUCION Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE LOS QUE EL ESTADO MEXICANO SEA PARTE, ASI COMO DE LAS GARANTIAS PARA SU PROTECCION, CUYO EJERCICIO NO PODRA RESTRINGIRSE NI SUSPENDERSE, SALVO EN LOS CASOS Y BAJO LAS CONDICIONES QUE ESTA CONSTITUCION ESTABLECE.
LAS NORMAS RELATIVAS A LOS DERECHOS HUMANOS SE INTERPRETARAN DE CONFORMIDAD CON ESTA CONSTITUCION Y CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE LA MATERIA FAVORECIENDO EN TODO TIEMPO A LAS PERSONAS LA PROTECCION MAS AMPLIA.
TODAS LAS AUTORIDADES, EN EL AMBITO DE SUS COMPETENCIAS, TIENEN LA OBLIGACION DE PROMOVER, RESPETAR, PROTEGER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS DE CONFORMIDAD CON LOS PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD, INTERDEPENDENCIA, INDIVISIBILIDAD Y PROGRESIVIDAD. EN CONSECUENCIA, EL ESTADO DEBERA PREVENIR, INVESTIGAR, SANCIONAR Y REPARAR LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS, EN LOS TERMINOS QUE ESTABLEZCA LA LEY
La investigación que se esta llevando a cabo en la Fiscalía, ya no conlleva un interés por conocer a quien se le dará la razón, o quien tendrá carácter de culpable o victima, sino que la preocupación debería de establecerse en que es necesario que se puedan alcanzar los acuerdos para que se termine el conflicto, antes de que eventualmente se pueda brincar a la esfera internacional.
El trabajo hasta ahora realizado por la administración estatal en materia de seguridad y lucha en contra de la delincuencia, pareciera no ser suficiente para generar con mayor rapidez la confianza social y la certidumbre de las familias; se advierte un compromiso claro y firme para devolver la paz y tranquilidad a la entidad, por lo que abrir otro frente de lucha y descrédito internacional para nuestro país y más concretamente para Chihuahua, sería un retroceso importante; una regresión que derrumbaría mucho de lo que se ha logrado alcanzar hasta ahora, en materia de imagen y generación de confianza.
Con la eventual salida del conflicto de discriminación a la esfera internacional, se podría correr el riesgo innecesario de que se pueda presentar una denuncia ante alguna corte también internacional, donde podría concluír que en materia de protección de los derechos humanos, ni Chihuahua estado ni México como país, cuentan con instituciones fuertes ni legislación clara, para prevenir y sancionar la homofobia, por lo tanto no han cumplido los compromisos internacionales suscritos por México, presentándose una condena económica a la Nación y además una indemnización a quien se haya querellado.
En este contexto, faltaría también incorporar la sentencia al Estado Mexicano, para que a la mayor brevedad, normalice su legislación, de tal forma que sea eficaz para prevenir y combatir la homofobia.
Aunque lo más perjudicial para nuestro país y también para Chihuahua, es el mensaje que se estaría enviando a la comunidad internacional, en el sentido de que México y nuestra entidad, es una región homofóbica.
El ejemplo más cerca lo tenemos con la sentencia del caso conocido como Campo Algodonero, donde el abogado que participó en este litigio internacional, se encuentra ya detrás de la denunciante actual por discriminación.
En este contexto, destaca por sus declaraciones el alcalde Marco Adán Quezada Martínez, quien afirmara que se debe respetar el ideal de cada gente, porque cuando una persona lucha y no es contrario a las leyes, siempre debe haber como base la tolerancia y respeto a los demás; si se califica o prejuzga a una persona por ser distinta, se hace una división en la sociedad y no se actúa de manera justa.
Sin pretender sugerir que el respeto que ha mantenido el Gobierno del Estado frente al conflicto en mención se cambie, es importante que la fiscalía, vaya más allá de tan solo encontrar elementos para judicializar el asunto, o que se pronuncie porque no se ha podido acreditar los elementos del tipo penal en la denuncia.
Este asunto, puede acarrearle problemas a la entidad, en caso de que se mantenga una postura contemplativa o de solo espectador; los riesgos, -se advierten-, son muy elevados como para que se mantenga la misma tendencia de considerar este asunto de materia doméstica y circunscrito únicamente al campo de golf como límite.
Por cierto, el legislador local presidente de la Comisión de Seguridad, en sus declaraciones sobre los derechos humanos, pareciera que no puede separar el tema inherente a la seguridad pública y a los derechos humanos; cuestión que es entendible porque para hacerlo hay que conocerlos y necesariamente estudiarlos, o como también la declaración del secretario técnico del C-4, quien afirmara que en materia de violencia intrafamiliar no hay derechos humanos, concibiendo equivocadamente estos derechos como exclusivos de los imputados (aime19_4@yahoo.com.mx)
