Señaló que hasta 90 por ciento de los adictos a sustancias ilegales también tienen un trastorno mental o afectivo (depresión) y otras alteraciones (del sueño, familiares), las cuales no han sido incluidas en los tratamientos de rehabilitación. Estas terapias requieren de dos a cinco años de acciones interdisciplinarias y un seguimiento de por lo menos cinco años, para poder asegurar que una persona logró reincorporarse a la sociedad.
Acciones de este tipo se aplican en países como Inglaterra, Francia, Alemania y España, pero no en México, a pesar de que “todos hablan del problema”, empezando por las autoridades, pero no hay estrategias efectivas para controlarlo.
En entrevista con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, el especialista resaltó que el consumo de sustancias es multifactorial, pero intervienen, sin duda, la pobreza, la falta de educación, la inequidad social y la falta de oportunidades, los cuales se conjugan con alteraciones mentales como la depresión o el trastorno de déficit de atención con hiperactividad cuando está mal atendido o ignorado, entre otros.
La clasificación estadunidense de enfermedades reconoce más de 300 trastornos mentales. Cualquiera puede estar vinculado con el consumo de drogas, aunque generalmente no es posible identificar cuál de todas estas afecciones surge primero o tiene mayor influencia para que una persona se vuelva adicta. Por eso, el abordaje en el tratamiento tiene que ser integral, apuntó.
Souza comentó que el término patología dual empezó a utilizarse en 2010, aunque se le conoce desde los años 70 como comorbilidad. Lo que se busca es dar al problema un enfoque más específico con el fin de mejorar los resultados en beneficio de los pacientes y la sociedad.
La Amepad surgió hace siete años con la finalidad de promover programas para la formación de profesionales especializados en el diagnóstico y tratamiento integral de pacientes. Recientemente creó la clínica Clinpad, con apoyo del Hospital Siquiátrico Fray Bernardino Álvarez.
Souza y Machorro ubicó la causa de la baja eficiencia en la rehabilitación de adictos: “los políticos de la salud se han preocupado más por la política”. En lugar de diseñar un programa nacional de prevención y tratamiento de adicciones, se han concentrado en acciones aisladas y de bajo impacto, señaló. Es el caso de los Centros Nueva Vida, construidos en este sexenio, que tienen un campo de acción limitado, pues sólo detectan a los pacientes y los canalizan, principalmente a los Centros de Integración Juvenil (CIJ)
“En vez de construir cien centros habría sido mejor edificar uno en cada estado de la República, pero con el equipamiento suficiente en camas de hospital y personal especializado en el manejo de las adicciones”, lo que significa contratar sicólogos, siquiatras, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, entre otros.
De los CIJ, el especialista, ex encargado del área de hospitalización en ese organismo, comentó que hacen un gran esfuerzo por lograr la rehabilitación de los adictos, pero trabajan con muchas deficiencias, a pesar de que 85 por ciento de su presupuesto proviene del gobierno federal.
Otro caso son los grupos de autoyuda, organismos privados a los que habría que profesionalizar y garantizar que cumplan con los requisitos mínimos que plantea la norma oficial mexicana (NOM) 028, pero también con estándares sanitarios para los tratamientos de rehabilitación.
Un programa nacional, agregó, determinaría lineamientos y guías de atención médica, como existe para otros padecimientos. Además, con mejores contenidos en los programas educación se lograría prevenir y aun evitar que los niños consuman sustancias ilegales.
La Jornada