Subrayó que se asumirán criterios acordes al engranaje legal con que cuenta la democracia mexicana, lo cual permite al juzgador resolver “de manera integral y completa todos los medios de impugnación”.
Durante una entrevista con el Canal Judicial, subrayó que no hay presiones para el juzgador a la hora de resolver, pues “lo único que puede presionarlo es la Constitución”. Mencionó que en esos momentos los magistrados no pueden tener colores; simple y sencillamente se resuelve conforme a lo que determinen la ley y la Constitución.
Por supuesto, indicó, “los magistrados también somos sujetos de responsabilidad si no actuamos conforme a derecho. En contra de nosotros procede el juicio de responsabilidad y el juicio político; estamos conscientes de la responsabilidad que tenemos y habremos de cumplir en los términos que establecen la Constitución y la ley” .
Indicó que tanto los magistrados de la sala superior como los de las cinco salas regionales están conscientes plenamente de la responsabilidad que tienen en el proceso de calificación de los comicios federales, y actuarán en consecuencia.
El reto
Añadió que el reto del TEPJF es actuar con transparencia y en los plazos legales que rigen el proceso electoral, por lo que todos los magistrados están dedicados de tiempo completo al estudio de los juicios de inconformidad.
Penagos reconoció que hay una gran carga de trabajo desde que arrancó el proceso, y en especial en esta fase poselectoral, durante la que se han recibido alrededor de 500 juicios de inconformidad relacionados con las tres elecciones federales (para presidente, senadores y diputados), aunque en su mayor parte asociados a los comicios para la Presidencia (356).
Explicó los plazos legales para la resolución, y auguró que el TEPJF no llegará al final del plazo para resolver la elección presidencial: el 6 de septiembre. Antes, el 19 de agosto, deberán quedar resueltos todos los juicios de inconformidad relacionados con el Congreso de la Unión, pues se debe instalar el primero de septiembre.
En todo caso, subrayó Penagos, “por lo que debe velar este tribunal es precisamente por que se respete el voto ciudadano emitido legalmente. Para eso sirven los medios de impugnación, para cuando hay inconformidad de alguna de las partes, y que como consecuencia intervenga el árbitro jurisdiccional y resuelva lo que conforme a derecho proceda”.
El magistrado agregó que el dilema del juzgador es que en un procedimiento no se puede declarar que se registró un empate. “Uno tiene que ganar y el otro, como consecuencia, tiene que perder”; lo importante es que el que pierda, “si lee la sentencia, realmente se convenza”, pues los juicios se resuelven de acuerdo con la legislación vigente, en función de la demanda y de las pruebas aportadas.
La Jornada
