El reciente caso en el que el Municipio de Chihuahua ejecutó la suspensión de labores de la empresa que realizaba un desarrollo urbanístico en las inmediaciones del “Cerro Grande”, a causa de la afectación que mediante dicho proyecto se causó al entorno ecológico, es un tipo de asunto que por desventura se verá cada vez de manera más frecuente en la cabecera del municipio capital del Estado. El hecho de habernos enterado que las autoridades del Ayuntamiento frenaron los trabajos de desmonte y preparación del terreno para la posterior realización de unas edificaciones que se levantarían en las faldas del “Cerro Grande” evoca los temas del expansionismo urbano-demográfico, la devastación ambiental y el hacinamiento habitacional, que desafortunadamente en ciudades medias y grandes se han vuelto tan reiterados y comunes, que ya forman parte del paisaje y la circunstancia envolventes de la vida cotidiana.
El notorio desarrollo económico y poblacional que la ciudad de Chihuahua ha registrado durante las tres últimas décadas ha detonado la generación de un considerable número de espacios urbanos de tipo habitacional, educativo, industrial y comercial cuyo efecto se refleja no solo en el significativo crecimiento de la superficie construida y urbanizada de la ciudad, sino también en el evidente impacto ecológico que tal dinamismo socioeconómico ha ocasionado en el suelo, el agua y el aire que conforman nuestro entorno natural. En la actualidad es común ver como los cerros y sierras circundantes -que otrora parecían invencibles murallas con las que la naturaleza quiso proteger a la ciudad- sucumben paulatinamente ante un vertiginoso y avasallador ritmo de construcción de casas y edificios, que al saturarse el valle construible ha comenzado a edificar en sus colinas y laderas, destruyendo en unos cuantos días la flora, la fauna y la orografía que la evolución geológica y biológica del planeta construyeron en milenios.
Concomitante al deterioro de las formaciones montañosas se halla el hecho de que las construcciones que en ellas se asientan se sitúan en cotas o elevaciones cada vez más altas, lo que implica mayores costos de inversión en infraestructura, equipos y energía necesarios para vencer a la gravedad y bombear el vital fluido hídrico hasta esos sitios.
Otro problema inherente al frenético crecimiento de la ciudad es el perjudicial hacinamiento que hoy caracteriza prácticamente a la mayoría de las viviendas que las empresas constructoras desarrollan, pues han disminuido las dimensiones mínimas de los terrenos para uso habitacional debido al encarecimiento del suelo urbano y su consecuente atomización, así como a los criterios eminentemente mercantiles que inspiran a las constructoras contemporáneas. Aunque hacinar da mayores utilidades a los inversionistas inmobiliarios, a la vez merma la calidad de vida del individuo y constriñe sus espacios de esparcimiento personal o convivencia familiar, provocando además una antiestética y monotonizante fragmentación del paisaje urbano, todo lo cual produce negativos efectos psicológicos de carácter individual y colectivo.
Por si lo anteriormente referido no bastara, el agua en la ciudad capital es cada día más escasa y su abastecimiento resulta cada vez más difícil y costoso, pues como consecuencia del gradual abatimiento -y a veces deterioro- de las fuentes de agua subterráneas, así como por la escasez de fuentes superficiales cercanas, es cada vez más complicado suministrar con estándares de calidad y eficiencia el líquido a todos los habitantes de un centro de población cuyo crecimiento pone en riesgo a las reservas del recurso hidráulico, y significa un reto para la infraestructura instalada.
Si bien es cierto que el progreso socioeconómico y cultural de los pueblos es, por naturaleza de la condición humana, inexorable, no menos verdadero resulta que dicho avance tiene un costo. El precio que las sociedades pagan por la expansión urbana e industrial es menor mientras cuentan con mayor grado de organización y eficacia en lo concerniente a previsión y aplicación de las normas en materia de protección ambiental. Por lo pronto, aunque es evidente que en el caso “Cerro Grande” el gobierno del Municipio de Chihuahua está actuando de modo adecuado para proteger el medio ambiente, también es cierto que el presente caso constituye un recordatorio y una advertencia del desafío que el desarrollo urbano de la capital representa para su sustentabilidad ambiental a largo plazo.
Comentarios u opiniones: carlosjaramillovela@yahoo.com.mx
