La sola idea de que el pacto por México pudiera verse acotado por las irregularidades detectadas en Veracruz, por parte de los funcionarios de la Sedesol local y personajes del Gobierno del Estado, provocaron que el Secretario de Gobernación, aceptara las condiciones que estableciera el PAN, respecto de primero llevar a cabo la reforma electoral, como requisito indispensable para mantenerse en el Pacto, incorporando además al PRD, quien también hizo suyas las demandas planteadas.
El eliminar los 32 Institutos electorales del país, para fusionarlos en una sola institución, reduciría considerablemente el costo electoral generado por el IFE, que este año recibió poco menos de 18 mil 800 millones de pesos, que representa 4 veces el presupuesto que recibe la Secretaría del Trabajo; dos mil millones más que el monto anual que se le entrega a la PGR y que es también tres veces el total del presupuesto de la Secretaria de Relaciones Exteriores para este año.
Con este recurso, los órganos electorales deben mantener actualizado el listado de electores, fiscalizar las actividades de los partidos, vigilar que no hagan proselitismo fuera de períodos de campaña y convocar a votaciones en años de elecciones; comprar materiales, capacitar funcionarios de casilla, supervisar la instalación de las urnas y registra el conteo de los sufragios.
En nuestro sistema electoral, los recursos que reciben los partidos provienen del Estado; este dinero es calculado anualmente en base al aumento de los electores y de la votación recibida en las elecciones inmediatas anteriores, y son administrados por el IFE y los institutos locales, en montos que se les entregan mensualmente.
Además de la creación de este Instituto, el PAN, propone dotar a la Fiscalía especializada en delitos electorales en una institución autónoma, con personalidad y patrimonio propio, para que ya no dependa más de la PGR, crear una ley de partidos políticos y que todos los juicios sobre comicios, sean resueltos por el Tribunal Electoral Federal, en lugar de ser turnado a los Institutos locales.
Si se considera que el INE puede representar la mejor forma de “amarrarle” las manos a los gobernadores para que no ejerzan control sobre los institutos electorales, considero que no es la forma de alcanzarlo, porque los recursos que operan son iguales, hayan elecciones o no; lo mejor sería el fortalecer el sistema de contrapesos y a los procesos de fiscalización.
Si se piensa que las elecciones organizadas por el IFE son mejores a las que preparan los Institutos electorales, es menester analizar que las impugnaciones que se presentan son resueltas primero por los institutos locales; después pasan a los tribunales también locales, para dejar como última instancia al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que como órgano federal, se supone que debería de echar abajo todas las supuestas irregularidades que se realizan en los estados, pero hay que ver que no solamente son mínimas, sino contadas las que así se han presentado.
En el aspecto de la fiscalización, mucho se ha comentado sobre la presencia de los constructores que trabajan con las entidades Municipales y Estatales, quienes destinan una gran cantidad de recursos para las campañas políticas esperando se conviertan en gobierno; la pregunta sería, el cómo tendría que trabajar el INE para evitar que se presenten estos casos en entidades Municipales que son más dispersas; que tan eficaz es actualmente el IFE para fiscalizar las 333 campañas federales, y en un plano mas futurista, que tan eficaz también sería el INE para las mismas 333 campañas federales, mas 2457 campañas municipales, 32 para gobernador, más de 1100 para diputados locales y un buen número de campañas para las sindicaturas, tomando en cuanta que no en todas las entidades son electos mediante voto directo, ya que muchos van incluidos en las planillas Municipales.
Para debilitar cualquier autoridad administrativa, solamente hay que aumentarle las responsabilidades y atribuciones, dejando constante los tiempos en los que debe de resolverlos.
Actualmente el IFE se encarga de organizar la elección de 500 diputados, 128 senadores y una presidencial: 333 campañas para 627 cargos en total.
Con la dinámica del Consejo General del IFE y las discusiones en las que se enfrascan, caracterizadas por una inusitada frivolidad, la verdad es que les queda muy poco tiempo para analizar y fiscalizar adecuadamente los gastos que presentan los partidos, generando una enorme, pero enorme impunidad que nos cuesta a todos.
Sobre el adelgazamiento de la estructura electoral mediante la presencia del INE y la eliminación de los Institutos electorales, hay que decir que la diferencia de salarios entre los integrantes del IFE y los Institutos es realmente grande y que además en el desplazamiento de una mayor, no se aplica el despido de personal como una consecuencia natural, sino que por el contrario se aumentarán las plazas y el cuanto a la reducción de las prerrogativas a los partidos, alguien verdaderamente les creería?.
La organización de las elecciones en los Estados esta a cargo de los Institutos electorales y la pretensión del INE es que sean 11 los súper consejeros que puedan organizar todos los procesos del país.
Si no se puede confiar en las autoridades locales para organizar las elecciones, entonces no se les puede confiar otras cosas mayores.
Al escuchar al Secretario de Gobernación sobre la permanencia de los delegados federales, es posible que varios de los actuales en Chihuahua, no pasen la prueba de la confiabilidad que demandan Madero y Zambrano; el gobierno federal esta dando prioridad a la continuidad del pacto por encima de la de la libertad, autonomía e independencia de los estados, pero sobre todo, con su pasividad y no hacer valer la ley, esta dejando en manos del crimen y los disidentes magisteriales, zonas enteras del país, generando una mayor impunidad y desgraciadamente una creciente desconfianza en las nuevas autoridades
