Ante la caída del crédito en más de 80 por ciento, dejaron de sembrarse 10 millones de hectáreas cada año y se perdieron 2 millones de empleos rurales.
Con el argumento de que era menos costoso importar que producir alimentos, se desplazó a los campesinos productores de granos y oleaginosas, se dio cabida a los grandes agronegocios favorecidos con subsidios y se incrementaron las importaciones.
Al inicio de la década de los 90, las importaciones no eran superiores a 10 por ciento del consumo nacional; sin embargo, en la actualidad casi 50 por ciento de los requerimientos alimentarios provienen del exterior.
Sin los elementos básicos para su desarrollo, los ejidatarios fraccionaron más sus parcelas y vendieron algunos de esas porciones en busca de superar su pobreza. Investigadores apuntan que los ingresos en los hogares rurales pasaron de 38 a 17 por ciento; más de 70 por ciento de la población rural se encuentra en situación de pobreza patrimonial y 40 por ciento en pobreza alimentaria.
Además, el campo se feminiza. Hace poco más de tres lustros, prácticamente no figuraban como propietarias. En la actualidad un millón 138 mil 969 mujeres tienen títulos de propiedad de 11.6 millones de hectáreas, y 25 por ciento de los hogares rurales están a cargo de ellas.
Otro fenómeno que preocupa a los propietarios de la tierra y a las autoridades es la avanzada edad de la mayoría de los propietarios, que es de 56 años en promedio; pocos jóvenes ven futuro en las actividades agropecuarias.
La firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte fue el parteaguas para el campo; con la apertura de fronteras a la libre competencia comercial, miles de campesinos quedaron en desventaja, la diferencia entre los agricultores del norte y del sur se acentuó. La economía campesina prácticamente se desdibujó y se instaló la lógica del libre mercado. Sólo entre 1997 y 2005, los ejidatarios perdieron mil millones de dólares por la competencia desleal ante los socios comerciales y 5 millones de personas dejaron la agricultura para buscar otra fuente de ingreso, según datos de la Universidad Autónoma Chapingo.
A partir de entonces, las importaciones de los alimentos se han triplicado. En el norte, los ejidatarios vieron en la renta de tierras la salida a sus angustias económicas, y los campesinos del centro y sureste optaron por emigrar a Estados Unidos. De acuerdo a Oxfam México, al menos 2 millones de hectáreas agrícolas fueron abandonadas.
Las reformas económicas orientadas hacia la liberación del mercado iniciaron década y media antes de la firma del acuerdo comercial, a partir de entonces el Estado limitó su intervención y empezó a deshacerse de la estructura construida para respaldar al campesinado. Los ajustes dejaron como saldo que de los 3.5 millones de campesinos con crédito, menos de la mitad accediera a la nueva estructura de la Financiera Rural.
Renta de tierras, salida a las aungustias económicas
Ante el vacío financiero, varios empezaron a rentar las tierras. Es el caso de 80 por ciento del millón 500 mil hectáreas agrícolas ejidales en Tamaulipas; lo mismo pasa con casi la totalidad de los 237 ejidos de Baja California; en Sinaloa, 70 por ciento de los mil 200 núcleos agrarios están bajo ese régimen; en Tabasco, 10 por ciento de los 781 ejidos está en manos de industriales organizados y agroproductores; en Durango, ejidatarios firmaron 166 contratos de arrendamiento.
Lo mismo sucede en Michoacán, Morelos, Nayarit, Chihuahua, Guanajuato, y casi la totalidad de los ejidos del país. En general no hay datos precisos, pues, según versión de las autoridades agrarias, los ejidatarios “realizan tratos personales y no informan de ello a la Procuraduría Agraria”.
En el norte de Zacatecas, los integrantes de 10 ejidos del semidesierto rentaron sus tierras a consorcios y mineras para actividades de explotación del subsuelo, dijo Joel Arce Pantoja, delegado estatal de la Procuraduría Agraria.
Los ejidatarios de El Vergel, Las Mesas, Cedros y El Refugio, en el municipio de Mazapil, rentaron 5 mil 400 hectáreas a la firma canadiense Gold Corp para operar la mina a cielo abierto Peñasquito, la más grande de oro y plata en su tipo en América Latina.
Los canadienses habían acordado pagar 50 centavos por metro cuadrado, pero los ejidatarios se inconformaron e interpusieron una demanda en el Tribunal Agrario. La autoridad ordenó a la minera pagar a los ejidatarios una indemnización de 350 mil pesos y realizar un nuevo contrato de arrendamiento con mejores condiciones para los campesinos.
En Tabasco, Grupo La Veta de San Miguel y Grupo Industrial Colombiano iniciaron la compra de tierras ejidales por montos “risibles”. En el Plan Chontalpa pagaron 30 mil pesos por hectárea; adquirieron 7 mil a ese precio.
Presiona la mancha urbana
También la mancha urbana presiona a ejidos cercanos a ella. Más de 35 mil hectáreas de la propiedad social se han utilizado para el desarrollo urbano de 116 principales ciudades, tierras que se han vendido a bajos precios, asentó Carlos Sandoval Miranda, del Centro de Estudios de Investigación e Innovación Tecnológica de la Valuación para América Latina.
En 2008, la Procuraduría Agraria empezó a promover por medio del programa Fomento a la Inversión Pública y Privada en la Propiedad Rural un “uso más eficiente y productivo” para la propiedad social. A la fecha fueron formalizados 2 mil 619 proyectos de inversión en el país por 118.4 mil millones de pesos. La mayoría (2 mil 376) con los ejidos, por un monto de 115.1 mil millones de pesos; 224 con comunidades, por 3.2 mil millones de pesos, y 19, por un monto de 29.9 millones de pesos, con la pequeña propiedad.
“No implica fomentar la privatización y venta de ejidos. Se busca beneficiar a los propietarios de la tierra y poner fin al subaprovechamiento del campo”, ha afirmado Abelardo Escobar Prieto, titular de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) en diversos foros.
En octubre, en una reunión con inversionistas mineros en Canadá, Rocendo González Patiño, procurador agrario, detalló que 70 por ciento del territorio mexicano es apto para desplegar actividades mineras. Actualmente hay 768 proyectos de explotación en ejidos y comunidades. Puntualizó que en el periodo 2007-2012, la inversión en el rubro ascenderá a 21 mil 251 millones de dólares. “La riqueza natural del país puede y debe ser aprovechada de manera sustentable, siempre que se incorpore a los dueños de la tierra social en los propios proyectos de inversión y participen de los beneficios que rindan los negocios.”
El titular de la SRA propuso a los legisladores revisar el marco legal agrario para “quitar las camisas de fuerza” que atan las capacidades emprendedoras de los ejidatarios y comuneros por falta de acceso al crédito. Argumentó que los cambios legales serían para facilitar a los núcleos agrarios el traslado de dominio pleno de sus tierras para que sean consideradas como aval por las instituciones financieras.
En los hechos, los ejidatarios están dejando de ser dueños de las tierras.
La Jornada
