Cada uno de los permisos, en fase piloto –previa a la liberación comercial–, abarca 335 hectáreas ubicadas en Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros.
En los recientes dos meses, Monsanto, PHI, Dow AgroSciences y Syngenta ingresaron 10 permisos más para sembrar el grano transgénico en Huatabampo, Valle de Yaqui, Guaymas, Bacum y Cajeme, Sonora, y en Ahome, Angostura, Guasave y Culiacán, Sinaloa, en una superficie total de 592.5 hectáreas, los cuales están en “análisis de riesgo”.
La Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS) y Semillas de Vida sostuvieron que se aprovechó la coyuntura electoral para abrir más las puertas a la siembra masiva de transgénicos.
Las autoridades siguen sin atender las observaciones de los especialistas que han alertado sobre el riesgo de contaminación de las diversas razas de los maíces mexicanos con los transgénicos; la diversidad del maíz está en riesgo, hay que dar marcha atrás en este proceso, dijo Adelita San Vicente, de Semillas de Vida.
“El gobierno de Felipe Calderón está apresurado en emitir los permisos para la siembra de transgénicos –incluida la soya– para cumplir con Monsanto, despreciando la opinión de científicos, ambientalistas, campesinos, promotores de derechos humanos y hasta la del relator especial sobre el derecho a la alimentación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Olivier De Schutter, quien en junio del año pasado dijo que la introducción de semillas transgénicas tal vez no sea lo mejor para el país”, agregó.
Ningún cultivo con semillas transgénicas ha demostrado incremento en los rendimientos o beneficios en la producción para la economía de los pequeños productores y mucho menos para el consumo humano, agregó la UCCS. “Las autoridades siguen sin informar con transparencia los datos científicos emanados de las siembras experimentales y piloto del grano transgénico.”
Sostuvo que el gobierno está decidido a establecer las condiciones para que las empresas puedan sembrar maíz transgénico a escala comercial en el país, a pesar de que hay contundentes evidencias científicas de que es imposible evitar la contaminación de los maíces transgénicos a los nativos o criollos, así como a los híbridos; “es preocupante que se continúe arriesgando la soberanía alimentaria a cambio de privilegios privados”.
La UCSS insistió en que las autoridades se apeguen al régimen de protección especial del maíz, como establece la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, para prohibir la siembra de maíz transgénico en el país.
La Jornada