En abril de 2009, el Legislativo federal aprobó un paquete de reformas que se conoció como la nueva Ley de Narcomenudeo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto del mismo año,misma que en su artículo 474 estableció que las autoridades de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, así como de ejecución de sanciones de las entidades federativas, conocerán y resolverán de los delitos o ejecutarán las sanciones y medidas de seguridad a que se refiere el capítulo VII de la norma, siempre y cuando no existan elementos suficientes para presumir delincuencia organizada
El 28 de junio de 2011 la Suprema Corte de Justicia de la Nación asestó un revés a la Procuraduría General de la República (PGR) al desechar cuatro acciones de inconstitucionalidad presentadas por la PGR en contra de reformas penales y de salud aprobadas en Quintana Roo, Jalisco, Chihuahua y Campeche, que establecían sus propios plazos para que entre en vigencia la reforma del 2009 sobre narcomenudeo, al determinar que las legislaturas estatales tienen facultades concurrentes a las del Congreso de la Unión para legislar en materia de narcomenudeo, y que los plazos legales para la entrada en vigor de las reformas constitucionales en la materia, es competencia exclusiva de los diputados locales. De esta manera la Corte dejó abierta la puerta para que los estados entren de lleno a combatir el narcomenudeo hasta el 2013
En Chihuahua, solamente los municipios de mayor capacidad económica y de infraestructura policiaca como son Juárez y la capital, se han declarado listos para enfrentar esta nueva responsabilidad.
El principal problema que se presenta tanto en Chihuahua como en el resto de las demás entidades del país, es la falta de recursos económicos para poder enfrentar a cabalidad la totalidad de las facultades que se les incorporaron.
Por un lado, está la infraestructura que se requiere para atender estos casos, que representan los tentáculos de los gigantescos pulpos del crimen organizado, a los cuáles se deben juzgar en forma independiente a los delincuentes del fuero común que se encuentran detenidos por delitos menores.
La falta de armamento adecuado, que dicho sea de paso, no es un problema menor, dado que involucra a las fuerzas militares, por no realizar la entrega de armas, pagadas con anterioridad; la certificación de la totalidad de los elementos de las corporaciones policiacas, la capacitación de los integrantes de las fuerzas del orden, y en un renglón especial, la falta de centros de atención para atender a los adictos, conforme lo ordena el mismo marco legal.
El problema no es la falta de voluntad, sino la de recursos económicos suficientes para responder adecuadamente a la nueva responsabilidad de los Municipios.
La estrategia para enfrentar con efectividad a la delincuencia organizada, no es solamente por medio de la misma fuerza, ni la represión, o la violación sistemática de los derechos humanos.
Las autoridades deben abrir diferentes frentes de combate indirectos, como es el incremento de espacios educativos para que ningún joven en edad de estudiar se quede fuera de las aulas.
El crear infraestructura deportiva con espacios dignos, en aquellos lugares donde se presentan altos índices de delincuencia.
El mantener una política de cero impunidad y cero tolerancia, para que los ciudadanos nos acostumbremos a obedecer la ley, procurando su observancia y no generando ejemplo de ilegalidad o impunidad.
Esta gran responsabilidad que se les incorpora a todos los Municipios y entidades del país, solamente tendrá efectividad, cuando la autoridad sea capaz de involucrar a la ciudadanía.
La capacidad de una fuerza policiaca preventiva, no debe superar la militar, porque son dos niveles distintos; el primero esta llamado a prevenir los delitos, mientras que los militares, están para enfrentar cualquier agresión que atente en contra de la seguridad nacional.
De tal forma que en la medida en que las autoridades fortalezcan a la policía preventiva, con más elementos, con mayor cantidad de patrullas, con capacitación permanente y evaluación diaria, se podrá brindar a la ciudadanía la confianza que se requiere para recuperar la certidumbre que parece hemos olvidado en algún lugar de nuestra historia.
Marco Adán Quezada Martínez, le ha impreso un sentido humanista a su administración; atrás han quedado el culto a la personalidad, las obras de relumbrón en espacios de alto nivel social, para dar paso a la construcción de espacios deportivos y culturales dignos, que se han convertido en proyectos anclas, porque a partir de ellos, se ha mejorado el entorno y el sentido de pertenencia de los vecinos.
Las colonias de la periferia, generadoras por décadas de jóvenes con orientación delincuencial, están siendo entendidas y atendidas con un sentido de incorporación social y no de rechazo o exclusión; el tiempo de las personas al frente de las instituciones pasa rápidamente, pero lo que se queda es la obra social y de infraestructura, como la medida exacta que prefiere la historia para evaluar los gobiernos que sirven para todos y aquellos que sirven para algunos (aime19_4@yahoo.com.mx)
