“DESDE CUALQUIER ÁNGULO EN EL ENTORNO” cita aquel “ACUERDO LABORAL TEMPORAL” que inició el mes de agosto de 1942 entre México y Estados Unidos y que prevaleció hasta 1964, consentido por los analistas como un acierto diplomático nuestro, pero determinado por necesidades gringas, derivadas de la Segunda Guerra Mundial, cuando sus hombres atendían aspectos belicosos y requirieron ‘pagar’ mano de obra campesina super barata aplicada a la agricultura básicamente, iniciada en un principio para cultivar y cosechar ingenios azucareros en la región de Stockton, California, programa que se extendió a otras zonas agrícolas norteamericanas, sin embrago, además de la labor de los braceros en las áreas agropecuarias que sumaban alrededor de 50 mil mexicanos con permiso especial para 1945, considerados como especialistas del sector, hubo otros 75 mil compatriotas no especializados, pero que aprendieron muy pronto las labores en el Programa Bracero Ferroviario en el mantenimiento y construcción de vías de ferrocarril que concluyó precisamente ese año, mientras que el del campo prosiguió hasta 1964.
Nuestros braceros protagonizaron varias luchas locales e internacionales que desafiaron a ambos gobiernos, mexicano y ‘gabacho’, sin esgrimir que nuestros connacionales estaban sometidos a ritmos diferenciales contrarios a los tratos humanos elementales que despertaron duras críticas al maltrato y abuso extremo de los patrones ‘güeros’ hacia sus trabajadores y sus bajas percepciones ‘acordadas’ por hacerles el ‘favor’; la lucha central consistió en identificar y regresar deducciones hechas a sus pagos de 1942 a 1948, destinadas presuntamente a cuentas de ahorro que “fueron legalmente garantizadas para ser devueltas una vez a su regreso a México al concluir sus contratos. Muchos nunca recibieron sus ahorros” (SIC). Abundaron las demandas y juicios en Cortes Federales en California, USA, a finales de 1990 y durante más de una década se documentó el destino final de dichas deducciones. Otra realidad expuesta, es que el Programa Bracero, allá intitulado: El “Mexican Farm Labor Program”, cambió el rostro de las Políticas Migratorias del país vecino, porque convirtió la inmigración en una práctica política común de ida y regreso temporal.
A la conclusión de el “Mexican Farm Labor Program”, surgió la formación de la United Farm Workers y la transformación del trabajo inmigrante americano con el nacimiento de un gran líder, César Chávez, empero, México había perdido toda su capacidad negociadora en el ramo, desde 1950, ni voluntad política, ni instrumentos, ni estrategia alguna para continuar ese trato. Impusieron su poder los Estados Unidos para ya no contratar temporal o estacionalmente a jornaleros mexicanos. El sueño americano sigue siendo el destino atractivo para los inmigrantes de todo el mundo y particularmente por la vecindad y la falta de empleo, de los nuestros. Por fin, el 28 de marzo, Felipe Calderón declaró en “Un Gobierno Democrático que rinde cuentas”, horas antes de la veda política sobre las promociones del Poder Público, que por fin se resolvía la deuda social de más de 22 años (tuvo que transcurrir otra década más para resolver sobre 15 mil 726 ex trabajadores migratorios, clasificados como ex braceros, incluidos un mil 600 chihuahuenses); la burocracia federal ha demostrado su falta de sensibilidad, pues existen “n” casos sin resolver ‘so pretexto’ de errores contenidos en nombres propios y/o radicaciones de quienes pretenden hacer efectivos los 34 mil pesos, adicionales a los 4 mil que ya les habían anticipado y que reclaman titulares o beneficiarios familiares, esposas, hijos o nietos. Faltos de criterio, no piensan que son en su inmensa mayoría adultos mayores que requieren operar trámites ociosos, aparte de los gastos de traslados, viajes extenuantes y largas esperas de pié para que luego les salgan con que a “Chuchita la bolsearon”. No se vale!!! ¡Tomen consciencia, señores, es dinero de ellos, den soluciones, no trabas, caramba!
