Nada tan absurdo como el deplorable contraste de un conjunto de estados y municipios federados endeudados y empobrecidos, frente a un gobierno federal cuyas sanas finanzas y solidez macroeconómica hoy son reconocidas a nivel internacional –candil de la calle y oscuridad de la casa-. Tal escenario es el inexorable desenlace que México sufrirá en caso de no adoptarse ahora, por parte de los órganos legislativos, las medidas de control, austeridad y disciplina que contribuyan a evitar el desorden y la irresponsabilidad que ya empieza a hacer crisis en varios gobiernos municipales y estatales del país.
Durante los últimos dos sexenios la deuda de las entidades federativas creció en más de cuatrocientos por ciento, al pasar de 90 mil millones de pesos a más de 500 mil millones de pesos en la actualidad. De continuar dicha tendencia sin la aplicación de mecanismos acoten con rigor las condiciones de financiamiento gubernamental con recursos de la banca comercial o pública la nación caminará rumbo al precipicio financiero con los consecuentes males socioeconómicos y políticos de devaluaciones monetarias, crisis e inflación desbordada, que los mexicanos ya en otros tiempos no muy lejanos hemos padecido.
Dentro del contexto mundial hoy en día México se distingue por su fortaleza económica. La reorganización de las finanzas públicas, la implementación de acertadas políticas en materia monetaria y el orden en el ejercicio del gasto público han dejado al país sentir sus beneficios. En este momento nuestra nación es objeto de frecuentes elogios en los círculos económicos internacionales, lo que la ha llevado a ser punto de referencia obligado en los estudios que los consorcios internacionales efectúan cuando tratan de definir los lugares para el destino de sus inversiones.
En el mediano plazo México podría registrar un significativo e histórico salto en sus indicadores de bienestar tales como el crecimiento económico anual, así como en el desarrollo educativo y el combate a la marginación y la pobreza, en caso de hacer realidad la deseada disciplina financiera de estados y municipios, e implementar las necesarias reformas fiscales que permitan robustecer de forma considerable tanto al erario público federal como a las haciendas de las entidades federativas.
Aunque en los recientes años ha sido notable la consolidación macroeconómica lograda por México, hay un foco rojo que empieza a amenazar al horizonte nacional debido a que no son pocos los municipios y los estados en los que el manejo del erario y la contratación de pasivos se han hecho con opacidad, o al menos bajo criterios superficiales carentes de análisis financieros que les den soporte y viabilidad, así como sin una perspectiva de largo alcance que permita conocer el beneficio social que justifique el empleo de cuantiosos empréstitos en los programas o proyectos hacia los que el dinero ha sido canalizado. La inexistencia de una regulación legal que de inmediato entre en vigor para establecer controles y límites a tan delicada situación, podría dañar considerablemente la estabilidad económica y el porvenir de México. Por ello es pertinente reconocer que más allá del innegable valor que en los rubros legislativo y administrativo implica la acertada y oportuna intervención del Senado, su virtud esencial radica en contener un proyecto de largo aliento, concebido con auténtica visión de Estado.
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