Una vez aprobada la reforma hacendaria propuesta por el Presidente Enrique Peña Nieto al Congreso de la Unión, lo que resta es percibir los beneficios que ella traerá consigo al país, no solo en el corto sino también en el largo plazo. Es evidente que el instrumento financiero en cuestión marca un nuevo derrotero en la captación de recursos por parte del gobierno, pero aún así deja asignaturas pendientes, pues pese a los evidentes avances tributarios alcanzados mediante esta reforma recientemente aprobada por las cámaras de diputados y de senadores, nuestro sistema fiscal todavía se halla lejos de lograr un satisfactorio perfeccionamiento.
Entre los tópicos que sin duda habrán de ser objeto de la atención del Gobierno Federal en los años por venir, figuran la aplicación, de manera selectiva, del Impuesto al Valor Agregado, a medicinas y alimentos, así como la inclusión de la totalidad de la población económicamente activa al régimen de tributación fiscal. En lo concerniente a la aplicación del IVA a alimentos y medicinas, ello implicaría un notable progreso de México en materia tributaria, pues así las finanzas públicas se verían significativamente fortalecidas con un considerable monto de ingresos fiscales adicionales resultante del hecho gravar prácticamente a todos los artículos de consumo. Es pertinente abundar en la necesidad que nuestro país tiene de ponerse, tarde o temprano, al nivel fiscal de la mayoría de las economías que junto con México integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, pues nuestra nación, pese a situarse entre las diecisiete economías más importantes del mundo, tiene niveles de captación fiscal muy inferiores a los de las naciones copartícipes en dicho organismo internacional, lo cual hace más que evidente el inexorable desafío que en lo relativo al mejoramiento de su sistema tributario enfrenta el estado mexicano.
Si bien es cierto que en caso de llegar a aplicarse el IVA a medicinas y alimentos de modo indiscriminado, se lesionaría severamente a la economía familiar de los sectores de la población con menores ingresos, no menos verdadero resulta que la considerable masa de contribuyentes situada en ese amplio rango podría quedar inmune a tal efecto mediante la implementación de una estrategia de tributación selectiva, a través de la cual se exentara de tal gravamen tanto a una canasta básica de alimentos como a un cuadro básico de medicamentos, previamente considerados con carácter preferente en virtud de su consumo imprescindible, frecuente y generalizado. Una medida de esta naturaleza sería de doble efecto, ya que permitiría satisfacer una dualidad de intereses y a la vez evitar el antagonismo entre estos, pues con su establecimiento se incrementaría la captación fiscal sin desproteger la economía de los contribuyentes de ingresos más bajos.
El otro aspecto indefectible para la consolidación de nuestro aún débil andamiaje fiscal lo constituye la incorporación de la economía informal al esquema tributario, pues no es despreciable la cantidad de recursos que dejan de ingresar a las arcas públicas como consecuencia de la evasión fiscal en la que incurren millones de personas cuya economía se desenvuelve entre el clandestinaje y el anonimato. Hay quienes afirman que en esta nación solo pagamos impuestos cuatro de cada diez mexicanos económicamente activos.
Es innegable que el régimen fiscal de México aún tiene aristas que deberán ser resueltas en los siguientes años. Por impopulares que puedan parecer, la aplicación del IVA a medicinas y alimentos y la fiscalización de la economía informal, lejos de atentar contra los estratos económicamente menos fuertes, serán un importante cimiento para afianzar el financiamiento del gasto público y el crecimiento de la economía en México. Las medidas fiscales que ya en el presente año se han tomado, y las enmiendas que en lo sucesivo hayan de efectuarse obedecen a la necesaria corrección del rumbo financiero del país, pues durante décadas el ingreso público dependió de la producción petrolera, de tal manera que PEMEX se convirtió en el contribuyente de la tercera parte de los recursos del estado, dejando a la referida paraestatal sin capacidad de autofinanciamiento para su modernización y desarrollo.
Por ello, la reforma energética propuesta por el Presidente Peña Nieto es otro de los grandes pilares sobre los que descansa el proyecto económico de largo plazo al que la administración en turno le ha apostado. Tal iniciativa será aprobada en breve tiempo, no obstante la gran polémica que su planteamiento ha desatado -principalmente dentro de los grupos más recalcitrantes de la izquierda-, pues tanto los legisladores como la opinión pública en general reconocen que la postura adoptada por el Gobierno Federal es sensata y lógica, debido a que propone la participación de tecnología y capital privados como una sana medida para detonar el sector energético nacional, cuyo rezago frente al escenario mundial es cada día mayor por su obsolescencia y falta de competitividad. No debemos perder de vista que la verdadera actualización en los rubros hacendario y energético rebasa el umbral de cualquier política sexenal o postura ideológica de índole partidista, pues es un objetivo de enorme trascendencia para garantizar en el futuro la viabilidad económica y social del estado mexicano.
Carlosjaramillovela@yahoo.com.mx
