La Suprema Corte de Justicia de la Nación se convirtió en el centro de la discordia en el país. El caso de Florence Cassez tiene confrontados a los ministros de la Primera Sala del máximo tribunal por las implicaciones de su resolución sobre el amparo solicitado por la francesa.
Las consecuencias de la decisión de la Corte, prevista para este miércoles 21, van más allá del ámbito judicial. La resolución alcanza a la política exterior de México y se colocó en la coyuntura electoral por el activismo de la virtual candidata del PAN al Gobierno del Distrito Federal, Isabel Miranda de Wallace.
A partir de que el miércoles 7 se supo que en la Primera Sala de la Suprema Corte se propuso la liberación de Cassez, Wallace emprendió una cruzada en defensa de la política de seguridad del gobierno de Felipe Calderón y en especial del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Aunque jurídicamente no es parte interesada, la aspirante panista utilizó el membrete de su asociación Alto al Secuestro para bloquear la eventual liberación de la francesa, detenida en diciembre de 2005 y sentenciada a 60 años de cárcel por el secuestro de tres personas, delincuencia organizada y posesión de arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Detrás de la defensa del secretario de Seguridad Pública está el interés de mantener en la penumbra muchas de las inconsistencias en la investigación del asunto Cassez. Entre ellas el papel que pudo tener en su detención Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, empresario de origen judío y proveedor de equipo de seguridad y vehículos blindados a dependencias del gobierno federal.
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