No obstante el evidente beneficio que las modificaciones de los preceptos constitucionales inherentes a la rectoría económica nacional, las actividades económicas estratégicas y la propiedad nacional de los recursos naturales -hidrocarburos y sus derivados- implican para el país, este tema ha sido empleado reiteradamente por los partidos políticos de izquierda como herramienta política para sostener posturas ideológicas que no solo son antagónicas a las concepciones de los partidos de centro (PRI) y de derecha (PAN), sino que también constituyen un lastre para el desarrollo institucional de Petróleos Mexicanos (PEMEX), la principal industria y fuente de riqueza nacional.
Por ello resulta plausible la indiscutible adhesión que el dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, manifestó hacia la política energética del Presidente Enrique Peña Nieto, al declarar hace unos días la conformidad de ese partido respecto a las modificaciones que eventualmente podrían efectuarse a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, a fin de concretar la anhelada y benéfica reforma. Si se quiere hablar de diagnósticos que justifiquen la citada reforma, no es difícil encontrar ejemplos que revelen la evidente necesidad que hoy tiene México para incorporar en el marco normativo de PEMEX sustanciales cambios: plataformas petroleras obsoletas, dañadas por incendios y/o explosiones; capacidad instalada insuficiente para producir la totalidad de las gasolinas que demanda el consumo nacional –con la consecuente importación que ello implica-; fugas, explosiones y robo en líneas de conducción de combustibles, debidas a la falta de mantenimiento y vigilancia de las mismas; deficiente exploración y explotación de nuevos yacimientos y fuentes de abastecimiento en aguas profundas, derivados de la falta de recursos financieros y de tecnología adecuada para incrementar la extracción y la producción de petróleo y gas; escasa generación de valor agregado al petróleo y sus subproductos, así como baja producción de derivados de éstos, debido a la inexistencia de una verdadera infraestructura industrial petroquímica que aproveche el potencial de transformación que ofrecen tales materias primas.
Las anteriores son solo algunas razones de carácter técnico -sin abordar los aspectos fiscal y administrativo- que reflejan la descapitalización y el rezago funcional que hoy vive PEMEX, y despejan cualquier duda sobre la conveniencia de implementar las adecuaciones jurídicas, que sin menoscabo de la preservación de la propiedad de los hidrocarburos por parte del estado mexicano permitan la participación de inversiones privadas en el renglón energético. Habida cuenta de la estabilidad macroeconómica y política de las que ahora goza nuestra nación, así como del interés que esta ha comenzado a despertar en la comunidad económica internacional, es el momento propicio para que las principales fuerzas políticas participantes en el Pacto por México –PRI, PAN y PRD- dejando de lado la inmediatez y los intereses electorales, se sitúen a la altura de la actual circunstancia histórica que les ha tocado protagonizar y actúen con visión de estado, solidarizándose con el presidente Peña Nieto, para tomar juntos una decisión que privilegie el interés superior de la nación en beneficio de las presentes y futuras generaciones de mexicanos. Los actuales protagonistas de la vida política de México deben entender el actual momento histórico de la nación, y no perder de vista que la reforma energética –al igual que la fiscal- más que un asunto de la agenda legislativa es una prioridad de estado.
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