“A pesar de décadas de trabajo en la ONU, desafortunadamente persisten las violaciones de los derechos humanos, incluso en áreas en las que hemos alcanzado algo parecido al éxito”, sostiene Dalee Sambo Dorough, una de las representantes de la décima edición del Foro.
La activista mencionó el ejemplo de Canadá, donde se discrimina a los pueblos autóctonos. Así, hace un tiempo, los indígenas de la zona ártica de este país llegaron a un acuerdo con las autoridades sobre el uso de la tierra, pero actualmente hay “trabas en su ejecución”, según la delegada.
El día de la apertura del Foro la presidenta del mismo, la nicaragüense Mirna Cunningham, también se mostró preocupada por el tema de la violación de los derechos humanos de los indígenas, sobre todo en América del Sur, Centroamérica y el Caribe, región a la que se dedicará una sesión especial del Foro.
Este año más de 1.300 personas participan en la conferencia que durará hasta el próximo 27 de mayo. Los asistentes a este evento internacional, que defienden los derechos de unos 370 millones de indígenas del mundo, anhelan que todos los países miembros de la ONU apoyen y respeten las normas reflejadas en la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada por la Asamblea General de la ONU en 2007. Este documento, compuesto por 46 artículos, incluye el derecho a la tierra, a los recursos naturales y a la preservación de los conocimientos tradicionales de las etnias indígenas, entre otros.
El antropólogo argentino y director de la fundación Desde América, Carlos Martínez Sarasola, señala que el tema de las tierras y los territorios es la principal reivindicación de los pueblos indígenas. “La tierra o el territorio para un indígena no es simplemente un lugar físico donde ellos se asientan, sino un piso existencial de valores”, explica el especialista.
Además de tratar los problemas actuales de los pueblos autóctonos, los delegados del Foro discutirán los resultados del trabajo realizado durante todos los encuentros anteriores. En total el Foro ha emitido 131 recomendaciones socioeconómicas y 127 medioambientales de las que hasta el momento se han aplicado sólo la mitad.
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