En entrevista con Cimacnoticias, la activista señaló que existen casos —como el del feminicidio en Chihuahua— en los que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció y emitió sus recomendaciones, las cuales tampoco se cumplieron. “Ahora con las sentencias de la Corte vemos exactamente el mismo patrón”, alertó.
La representante de Cejil que se encuentra en el país para participar en el Octavo Curso de Mecanismos de Protección de Derechos Humanos y Estrategias de Litigio Internacional, en la Universidad Iberoamericana, precisó que en teoría pareciera que para el cumplimiento de las sentencias todo está bien.
Advirtió que el Estado mexicano se niega a reconocer responsabilidad alguna o dar una disculpa pública: “la voluntad que expresa no se ve reflejada en hechos”.
De noviembre de 2009 a diciembre de 2010, el Estado mexicano acumula cinco sentencias de la Corte emitidas por violaciones graves a los Derechos Humanos. Las primeras fueron las emitidas en 2009 por los casos de feminicidio del campo algodonero en Ciudad Juárez y la desaparición forzada de Rosendo Radilla en Guerrero.
Le siguen las de las indígenas tlapanecas de Guerrero, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo, quienes en 2002 fueron violadas por militares, así como el caso de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera, detenidos, torturados y sometidos a un proceso sin ninguna garantía en 1999, lo que convierte al gobierno de Felipe Calderón en el primero en recibir cinco sentencias.
INÉS Y VALENTINA
Alejandra Nuño agregó que las sentencias están completamente sin avance, sin embargo en el caso de Inés y Valentina hay una agravante toda vez que está en espera la resolución de la CoIDH sobre la solicitud de interpretación emitida por México el 29 de diciembre de 2010.
“Esperamos que la Corte la pueda revisar este próximo periodo de sesiones —en mayo—, ya que nos preocupa que con esta posición el Estado se excuse de cumplir aunque el reglamento de la Corte es muy claro en decir que una interpretación no suspende el cumplimiento de las sentencias, pero en los hechos lo estamos viendo”.
Explicó que una interpretación sirve para que el Estado solicite una aclaración de la sentencia, por ejemplo en los que la Corte no hablo de montos, plazos o no dijo cómo se tenía que cumplir alguna medida específica.
“México lo que hizo fue cuestionar lo que la Corte ha dicho en la parte de fondo, es decir, reconocer que Inés y Valentina habían sido víctimas de violencia sexual y que había una falta de acceso de justicia”.
En los hechos lo que está haciendo México es apelar la sentencia a pesar de que ésta es “definitiva e inapelable”. Le está diciendo a la Corte que no quiere cumplir, que no está de acuerdo. Es lamentable que México haya usado este recurso de la peor manera y en perjuicio de las dos víctimas y sus familias, criticó Nuño.
Este año Cejil cumple 20 años de litigar junto con organizaciones de DH, víctimas y familiares, numerosos casos que reflejan, en la práctica, la gran brecha de desigualdad que existe en el continente más excluyente del mundo.
Cejil ha litigado casos ante la Corte que reflejan prácticas discriminatorias, tal es el caso de Inés y Valentina, indígenas violadas sexualmente por militares mexicanos.
Al respecto, Alejandra Nuño señaló que se encuentran celebrando estas dos décadas de trabajo y en un proceso de reflexión sobre lo trabajado hasta hoy.
“Hoy en día el balance es que ya llevamos los casos y representamos a víctimas, ahora la discusión es ver cómo se cumplen las sentencias; es algo que nos preocupa y ocupa en muchos de nuestros países”, expuso.
