Con fecha 29 de mayo, la CIDH, dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), solicitó al presidente Felipe Calderón y al gobernador Gabino Cué que adopten las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de los de los 76 miembros de la comunidad indígena triqui de Valle del Río
Esta es la primera medida cautelar que otorga la CIDH en este año y que involucra al gobierno de Oaxaca; en la resolución, la Comisión le pide a la administración estatal concertar las medidas que adoptará para proteger a los beneficiarios y sus representantes; e informen sobre las acciones tomadas para investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de dichas medidas cautelares.
Los hechos que motivaron estas medidas cautelares son los siguiente: El pasado 25 de enero de 2012, aproximadamente a las 06:00 horas, la comunidad indígena triqui de Valle del Río San Pedro perteneciente a San Juan Copala, fue allanada por aproximadamente 200 elementos de la Policía Estatal Preventiva.
Los policías fuertemente armados llegaron en 20 patrullas con el objeto de desalojarlos de las tierras donde tiene constituida su comunidad; se introdujeron de forma violenta allanando las humildes casas de madera, lamina y carrizo, y les dijeron: “hijos de la chingada tenemos órdenes de que desalojen estos terrenos que no son de ustedes, indios cabrones.”
En un comunicado del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas se hace mención que los uniformados “se introdujeron a todas las casas, llevándose las pertenencias y dinero, además, detuvieron a tres personas.
Posteriormente, el pasado 8 de mayo, aproximadamente a las dos de la tarde, cuatro “sicarios” que viajaban en una camioneta doble cabina color gris, irrumpieron violentamente en la misma comunidad y asesinaron a Jaime Ramírez Martínez, Joaquín González y Eulogio López Aguilar.
Un día después, a las 13:00 horas, la señora Eva Gómez Santos, de la misma comunidad encontró un papel tirado en la calle principal del poblado que decía: “Malditos indios, lárguense con sus muertos, sáquense a la chingada, con todo y sus derechos humanos. Apenas comenzamos la fiesta, pronto habrá comida para los sopilotes (sic)”.
Es por ello que presentaron una denuncia penal ante el agente del Ministerio Público de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, en el legajo de investigación 191/PG/2012, donde Eva Gómez Santos refirió que desde el día 8 de mayo del año en curso “hay rumores” que los “van a acabar, que van a entrar y acabaran con todo, que no van a respetar a nadie, que van a matar a señoras y niños parejo todo y que también van a matar al licenciado Mauricio”, uno de sus asesores.
En el 2008, unas 15 familias de las localidades San Miguel Copala, Guadalupe Tilapa, Llano de Nopal, Llano Aguacate, Ñutasani y Ladera, fueron desplazados de su comunidad por situaciones de intolerancia religiosa, de violencia por división de partidos políticos, por presión de grupos armados y paramilitares, y sobre todo la comunidad de San Miguel Copala, ya que sus habitantes fueron exterminados.
El señor Roberto Cárdenas Rosas solicitó medidas cautelares para él y otras personas a la CIDH, mismas que fueron otorgadas el 16 de agosto del 2001.
Al ser desplazados y no contar con un lugar dónde vivir y tierras qué cultivar, se establecieron en unos terrenos ubicados a un lado de Cuadrilla de Gregorio Álvarez, y crearon el asentamiento Valle del Río San Pedro, San Juan Cópala que ancestralmente ha sido territorio indígena triqui.
El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas y los representantes del grupo de desplazados triquis se pronunciaron por el cumplimiento a las medidas cautelares, otorgadas por la CIDH; y demandaron atención inmediata a los derechos de los niños y niñas triquis.
Proceso.com.mx
