Ha sido hasta hace relativamente poco tiempo cuando, en el año 2003, el estado mexicano, expidió la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, inspirado quizá en el ejemplo de naciones desarrolladas como Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Japón, entre otras, en las que desde muchos años atrás ya existen sistemas jurídicos normativos que regulan el servicio civil de carrera de sus empleados públicos, brindándoles garantías fundamentales como la equidad e imparcialidad para acceder a un puesto en el servicio público, estabilidad laboral, capacitación, desarrollo profesional, certificación de habilidades, reconocimiento al mérito, promoción escalafonaria y evaluación del desempeño, todo lo cual da por resultado un significativo mejoramiento tanto en el funcionamiento de las dependencias gubernamentales como en el logro de sus objetivos, que redunda en un notable incremento de la capacidad de las instituciones y del personal del gobierno, para la satisfacción de las necesidades planteadas por los ciudadanos y por el interés colectivo.
No obstante la importancia del avance legislativo e institucional que para México ha significado la entrada en vigor del citado estatuto normativo -cuyo mérito histórico es haber sido la primera ley instituida para regir el servicio civil de carrera en el ámbito de las dependencias federales-, justo es decir que durante el sexenio del ex presidente Felipe Calderón la aplicación de dicha ley dejó mucho que desear debido a la manipulación de la que esta fue objeto -sobre todo, y de manera descarada, durante los últimos meses de dicha administración- para satisfacer compromisos y otorgar favores de índole político, mediante la incorporación irregular de cientos de nuevos funcionarios y empleados, que sin reunir la totalidad de requisitos legalmente establecidos fueron dados de alta a la nómina del servicio público. Situación que debido a lo obvio del dolo, la deshonestidad y la prisa con los que se actuó, fue interpretada como una mezquindad que el gobierno panista reflejó en sus postrimerías, pues es claro que las autorizaciones otorgadas a última hora para abrir -desesperadamente y sin justificación- cientos de plazas en beneficio de nuevos funcionarios panistas, tuvo como finalidad obsequiar a estos un empleo vitalicio con cargo al erario público, días antes del comienzo de la administración del presidente Enrique Peña Nieto.
La ley del servicio profesional de carrera pública es, sin duda alguna, una herramienta justa, necesaria, útil, cuya vigencia permitirá la evolución de las instituciones de todos los órdenes de gobierno en México, sin embargo, este instrumento jurídico debe ser empleado con probidad, pues su burda manipulación -como la hecha por el anterior gobierno federal emanado del PAN- significará un retroceso al gran avance humanista, laboral y democrático que representa dicho ordenamiento.
