El derecho a la igualdad de las mujeres nace del feminismo, que reivindica el derecho de las mujeres a ser reconocidas como iguales, que no idénticas a los hombres. Es reconocer que las mujeres somos seres humanos (privilegio que se ha dado sólo a los varones).
El derecho a la igualdad consiste en que todas las personas somos iguales ante la ley, que tenemos igual capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones respecto de nuestra persona y nuestros bienes, e igual oportunidad de subsistir, de actuar y de prosperar dentro de una sociedad políticamente organizada.
Este derecho a la igualdad, al establecerse expresamente en el orden normativo, debe ser garantizado por el Estado y sus autoridades con el objeto de que todo individuo pueda ejercerlo libremente.
En el ámbito internacional, los Estados Partes de la Organización de las Naciones Unidas han reafirmado su lucha contra las discriminaciones por razones que se consideran originadas, no en diferencias naturales humanas, sino en convencionalismos arbitrarios o prejuicios tradicionales.
El derecho a la igualdad está consagrado en la Convención Americana y en la Declaración Universal de Derechos Humanos, al disponer en el Artículo 2° que toda persona tiene derechos y libertades, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión pública o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Además de la discriminación en la Ley, existe la discriminación de hecho, no solo por parte de los ciudadanos sino también de los agentes del Estado. Un ejemplo es la asignación de recursos por parte de éste, sin considerar adecuadamente los derechos de las mujeres.
La feminista española Celia Moros, en su publicación,“La idea de la igualdad”, realiza un análisis de los aspectos económicos y políticos en los que están situadas las mujeres y señala que en la actualidad se reconoce que el fenómeno más significativo de nuestro siglo es el movimiento de la Mujer, el cual ha cambiado radicalmente las relaciones y culturas sociales e interpersonales.
Un estudio de la Internacional Socialista de Mujeres confirma que en muchas sociedades las mujeres tienen grandes dificultades para asegurar sus derechos humanos. A menudo son víctimas de la violencia, abuso sexual y violaciones, en particular en conflictos armados. La explotación sexual se convierte muchas veces en un auténtico modo de esclavitud.
Además, el avance generalizado del SIDA afecta hoy en día, cada vez más, a la mujer. De forma más general, las mujeres no tienen siempre asegurada una adecuada educación y formación, cuidados sanitarios y apropiada información sobre derechos sexuales y de reproducción. También están afectadas por un creciente desempleo y por una falta de recursos económicos suficientes, lo cual hace que empeoren sus condiciones de vida y las de sus hijas e hijos.
En el mundo, dos tercios de los habitantes analfabetos del planeta son mujeres. La tasa de empleo femenina equivale a dos tercios de la tasa de empleo masculina. Las mujeres, según datos de 2003, sólo ocupan 15 por ciento de los escaños en los parlamentos nacionales. Las mujeres representan la mitad de los 40 millones de personas infectadas con VIH en el mundo y, debido a su vulnerabilidad, en muchas sociedades de África la cifra va en aumento.[1]
En México, en abril del 2006 entró en vigor la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Una iniciativa que fue dictaminada por las integrantes de la Comisión de Equidad y Género de la LIX Legislatura.
Este marco legal hace efectivos los artículos primero y cuarto constitucionales y cumple con los compromisos de carácter internacional firmados por el Gobierno federal.
También es la primera vez que queda establecido en una ley la obligatoriedad señalada en el Artículo 133 de la Constitución de la República sobre el hecho de que para México son ley suprema todos los compromisos internacionales que firme y ratifique.
El objetivo principal de la Ley de Igualdad es regular y hacer efectivo el derecho a la igualdad jurídica entre mujeres y hombres. Prohíbe todo acto de discriminación y busca garantizar eficacia en su aplicación para evitar desvíos previniendo la violencia contra las mujeres al reconocer su situación de desventaja.
Este ordenamiento incluye las demandas y la agenda por las cuales las mujeres han luchado desde hace 30 años, entendiendo que para construir sociedades democráticas, justas y equitativas es necesario reivindicar el derecho a la igualdad de las mujeres.
La igualdad se dice de muchas maneras, diría Aristóteles. Es “discutible”, dice Platón. Lo cierto es que Igualdad es un concepto abstracto para las mujeres y debe ser entendida no como identidad, ni uniformidad, ni estandarización, sino como autonomía. Es un derecho que pasa por la equifonía, es decir, la posibilidad de emitir una voz que sea escuchada y considerada portadora de significado y verdad.