La tragedia que el viernes 20 de Julio del año en curso envolvió a más de cincuenta paseantes chihuahuenses que viajaban con rumbo a Nayarit, cobrando la vida de 25 de ellos, es algo que no debe volver a suceder en México. No es la primera vez en la historia reciente que un funesto hecho se suscita debido a la imprudencia de los propietarios y operadores de líneas de autobuses turísticos que funcionan en la irregularidad, así como por la negligencia de las autoridades federales encargadas de otorgar los permisos de funcionamiento y supervisar las condiciones de operación respectivas. Si la Secretaría de Comunicaciones y Transportes llevara una adecuada aplicación de la normatividad y ejerciera el control correspondiente respecto a los autobuses que trasladan viajeros en el territorio nacional, no habrían ocurrido los lamentables decesos que consternaron a la nación en días pasados, ni tampoco los que en otras ocasiones se han registrado por la misma causa: unidades en malas condiciones físicas y mecánicas, que sin contar con las autorizaciones pertinentes circulan irresponsablemente en las carreteras del país arriesgando la integridad y la vida de decenas de personas.
La muerte colectiva y la indignación nacional ocasionadas por el impertinente desempeño de la empresa de viajes Estrada, constituye una llamada de atención para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y para su división de vigilancia, la Policía Federal de Caminos, pues resulta evidente la indolencia con la que ambas dependencias han venido operando. Por su parte, la primera de ellas ha sido omisa en la observancia de las normas que con rigor debe aplicar para regular el servicio público de transporte de pasajeros, ya que su garrafal descuido ha generado la proliferación de decenas de empresas clandestinas que ofrecen servicios de traslado turístico a bajo costo, pero sin las mínimas condiciones de seguridad para sus clientes. En lo concerniente a la policía de caminos, cuya misión es garantizar el orden, la legalidad y la seguridad para salvaguardar a las personas y los bienes que transitan por las carreteras del país, también es obvio que su actuación ha sido indiferente al dejar de realizar las revisiones, y en su caso detenciones, de los vehículos que circulan en flagrante violación a las normas técnicas y a los trámites administrativos establecidos.
Hoy se sabe que el camión de los tristemente célebres Viajes Estrada, en el que viajaban las víctimas del fatídico percance registrado en Nayarit, desde que salió de Chihuahua presentaba serias fallas mecánicas en la caja de transmisión motriz, y posteriormente en el sistema de frenado, además de carecer de la indispensable póliza de seguro de vida y gastos médicos para la adecuada protección e indemnización de los pasajeros.
Si la autoridad administrativa hubiera impedido la operación de la empresa referida no estarían enlutadas las familias chihuahuenses que hoy lloran la prematura muerte de sus seres queridos. Si los guarda-rutas federales se hubieran tomado la molestia de detener al conductor para practicarle una revisión física, o para constatar las condiciones mecánicas del camión y verificar la vigencia de la documentación, no se habrían perdido esas valiosas vidas.
Las imprudencias como la que cegó la existencia de nuestros paisanos que viajaban a la playa de Guayabitos suelen ser muy costosas en los aspectos familiar, social y económico, pues además del infinito dolor que provocan a quienes sufren la muerte de sus seres queridos, en ocasiones también dejan en el desamparo a familias que de la noche a la mañana pierden al sostén material de las mismas. Pero estas trágicas historias además son onerosas desde el punto de vista político, porque ponen en evidencia el deficiente desempeño o la irresponsabilidad de algunas instituciones gubernamentales. Dios no permita que vuelva a ocurrir algo similar a lo aquí descrito, porque a fin de cuentas el saldo de tragedias como esta, de una u otra manera a todos nos afecta.
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