Sin duda es preocupante el doble asesinato del líder barzonista Ismael Solorio y su esposa Manuela Solís, ocurrido en condiciones extrañas el lunes 22 de Octubre, en la zona de campos menonitas de la región de Namiquipa-Cuauhtémoc. Es grave que se hayan perdido dos vidas humanas mediante la ejecución de un crimen, como grave también es el hecho de que la violencia se ejerza sobre quienes se distinguen por hacer señalamientos que afectan intereses económicos, o peor aún es que tan reprobable acción se haya llevado a cabo solo con la finalidad de servir como señuelo o perverso distractor para dirigir la mirada de la sociedad hacia las autoridades federales (caso C.N.A.). Debemos mantener incólume la célebre frase de Don Benito Juárez, y así respetar el derecho ajeno, para vivir en paz. Ismael Solorio y su consorte tenían derecho a vivir sus vidas. Pudieron haber tenido o no razón al manifestarse en contra de las acciones de determinadas personas, empresas, dependencias públicas o grupos, pero estaban en su derecho al expresar y/o respaldar los argumentos mediante los que cuestionaban el proceder, a su parecer indebido, de aquellos a quienes criticaban y combatían a través del activismo social y la palabra.
Son públicamente conocidas las antagónicas posturas que Solorio había venido sosteniendo respecto a la Compañía Minera El Cascabel, del Ejido “Benito Juárez”, en el Municipio de Buenaventura, así como en relación al uso del agua para las actividades agrícolas y pecuarias de ciertos grupos de productores menonitas del noroeste de Chihuahua. La primera de ellas por el supuesto daño ecológico que la operación del consorcio minero causa al entorno de la comunidad del Ejido “Benito Juárez”, en cuyas inmediaciones se asienta; mientras que la otra controversia se desprendía de lo que el dirigente consideraba un uso indebido del agua subterránea de la Cuenca del Río del Carmen -situada en la parte oriental del municipio de Namiquipa-, porque afirmaba que en esa región el vital líquido era extraído mediante pozos perforados en zonas vedadas, o al amparo de permisos apócrifos extendidos por funcionarios corruptos de la Comisión Nacional del Agua, en perjuicio de los mantos acuíferos subterráneos de una vasta zona del noroeste del estado, donde tienen el asiento de sus unidades de producción otros centenares de productores agropecuarios chihuahuenses.
La trágica muerte de Ismael Solorio y su esposa ha comenzado a despertar dudas y especulaciones. No ha faltado quien de manera infundada comete el error de tratar de responsabilizar del mortal atentado a quienes como consecuencia de los señalados posicionamientos públicos del extinto líder barzonista eran sus naturales detractores. También hay quienes pretenden divulgar la hipótesis de que este homicidio se perpetró con fines políticos, para desestabilizar a tal o cual orden de gobierno. Lo cierto es que el presente caso, de resonancia nacional, no es la simple ejecución de un raterillo de banqueta o un robacarros, y tampoco es resultado de un pleito entre sicarios, sino la privación de la vida de un actor social plenamente identificado por su participación en asuntos de interés colectivo, y reconocido por su trayectoria dentro de una organización ampliamente identificada con la postulación de causas populares.
Quienes ultimaron a Solorio y a su esposa no les respetaron su fundamental derecho a la vida, ya no se diga el derecho a disentir -para no entrar en polémica-. Paradójicamente las últimas luchas que enarboló el difunto dirigente se centraban en la región del Ejido “Benito Juárez”, que lleva el nombre del ilustre mexicano y Benemérito de las Américas. Descansen en paz Ismael Solorio Urrutia y Manuela Solís. Que encuentren en el cielo la paz que –por la transgresión a su derecho- no lograron tener en esta tierra.
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