Sin duda el próximo gobierno del país tendrá frente a sí trascendentes retos. Entre ellos quizá los más imperiosos sean los relativos a educación, empleo y desarrollo social. El grave problema de inseguridad y descomposición social que actualmente aqueja a México se desprende en buena medida de las condiciones de pobreza material y carencia de una sólida formación moral que se observan cada vez con mayor frecuencia. Si bien es cierto que la delincuencia y sus diversas manifestaciones no necesariamente obedecen a factores económicos, su manifestación es en gran parte producto de la contrastante desigualdad económica y la falta de oportunidades.
De continuarse truncando las expectativas de progreso y desarrollo a millones de jóvenes, que impotentes ante la avasalladora realidad ven frustradas sus esperanzas de sobresalir en un complejo ambiente que parece negarles el derecho al bienestar y la autorrealización personal, se seguirá dando el fenómeno del reclutamiento juvenil en las organizaciones dedicadas al narcotráfico, la extorsión, el secuestro, el robo y el asalto. El gobierno federal entrante deberá colocar entre sus prioridades la formación de capital humano y la generación de condiciones favorables para el desarrollo personal, económico, laboral y profesional de esa numerosa parte de la población mexicana que hoy se halla ante la disyuntiva de la legalidad o la supervivencia, del orden o la anarquía, del respeto o la indiferencia, de la vida o la muerte. Es innegable que pese a los evidentes logros macroeconómicos de nuestra nación esta continúa teniendo dos caras, marcadas por la abismal disparidad existente entre quienes tienen lo necesario para satisfacer sus necesidades elementales y quienes sobreviven en medio de la pobreza. Esta es una verdadera asignatura pendiente, cuya atención no puede aplazarse más por el Estado mexicano.
Los desafíos a enfrentar durante los siguientes años no habrán de ser responsabilidad exclusiva de los integrantes del Poder Ejecutivo Federal en turno, también los poderes Legislativo y Judicial deberán actuar en un mismo sentido e imbuidos de un verdadero compromiso con los intereses de la nación, porque la naturaleza de sus facultades y el determinante papel que desempeñan en la vida del país los hacen inexorablemente corresponsables del destino de México. Los miembros del Congreso de la Unión y del Poder Judicial deberán actuar en concordancia con las iniciativas del Ejecutivo, dejando a un lado discrepancias o mezquindades de carácter ideológico o partidista. Quiérase o no, en los siguientes años tendrán que registrase verdaderas reformas en los aspectos laboral, fiscal, de justicia e incluso en materia política, para dar a la república la viabilidad que hoy urgentemente necesita.
La nación reclama profundas transformaciones y requiere un cambio verdadero. El próximo gobierno tendrá que ser, y demostrar a través de su actuación, un real y auténtico compromiso por México.
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