La sentencia fue adoptada con el voto favorable de seis de los magistrados que juzgaron a Garzón, y con la oposición de uno.
Pese a su absolución en esta causa, Garzón no podrá volver a ejercer como juez, ya que el pasado día 20 el Consejo General del Poder Judicial español le expulsó de la carrera judicial, tras haber sido condenado el 9 de febrero a once años de inhabilitación en el juicio que se le siguió por haber ordenado escuchas a los miembros de una red de corrupción.
El juicio por la causa del franquismo había quedado visto para sentencia el pasado día 8, y en él, la acusación, ejercida por dos sindicatos ultraderechistas, pedía 20 años de inhabilitación para Garzón, mientras la Fiscalía, como su defensa, solicitaban su absolución.
El juez más conocido de España -por su lucha contra la banda terrorista ETA, entre otras causas- y famoso en el exterior por perseguir a los represores de las dictaduras de Chile y Argentina, aseguró el último día del juicio sobre el franquismo que había tomado las decisiones que creía “ajustadas a derecho” para que las víctimas de crímenes y desapariciones de ese periodo histórico español no quedaran en el olvido.
La causa tuvo su origen en la decisión que Garzón tomó el 16 de octubre de 2008, cuando se declaró competente para investigar las denuncias de 22 asociaciones de familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo y autorizó la apertura de 19 fosas en toda España.
En el auto, el juez apuntaba como responsables de los hechos a 35 altos cargos del régimen franquista, incluido el dictador Francisco Franco, cuyo certificado de defunción solicitó a efectos de declarar la extinción de la responsabilidad penal.
La Fiscalía recurrió la decisión de Garzón y, el 28 de noviembre de 2008, la Audiencia Nacional acordó declarar que el juez carecía de competencia para asumir esa investigación y que debían ser los juzgados territoriales los que decidieran sobre la apertura de las fosas.
El 27 de mayo de 2009, el Tribunal Supremo admitió a trámite la querella por prevaricación presentada contra el juez por el sindicato de ultraderecha Manos Limpias.
El juez instructor de esa causa contra Garzón, Luciano Varela, le abrió en mayo de 2010 juicio oral y le acusó de ignorar deliberadamente la Ley de Amnistía que se aprobó en 1977, en la transición de la dictadura a la democracia.
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