Las acusaciones y detenciones formuladas en los recientes meses en contra de abogados señalados por el ejercicio indebido de la profesión, o por la comisión de fraude procesal, efectuado al presentar pruebas falsas con el objeto de tergiversar los hechos para engañar a los jueces y ganar de manera inmoral voraces demandas laborales en perjuicio de decenas de comerciantes y empresarios de diversos lugares de la entidad, demuestra la grave descomposición social que ha comenzado a propagarse en ciertos ámbitos del nivel profesional.
Este amargo pasaje de la historia jurisdiccional chihuahuense revela que en la actualidad existe una total ausencia de moral en algunos profesionales del derecho, quienes olvidando su primordial misión de defender a quien procura sus servicios para que mediante la aplicación de la ley se logre la impartición de justicia, se empeñan en violar los preceptos legales, prostituyendo los procedimientos judiciales para llenarse los bolsillos con dinero mal habido, burlando la escrupulosa vigilancia de los jueces, abusando de la buena fe de los auténticos trabajadores, y arruinando la vida y el porvenir de no pocos patrones, al despojarlos del patrimonio construido con el esfuerzo de muchos años de trabajo honrado.
En algunos casos funcionarios judiciales, y trabajadores o pseudo-trabajadores de las empresas, movidos por un avieso espíritu de mercantilismo, avaricia y corrupción, también se han prestado para colaborar en las trampas y embustes ideadas por las pérfidas mentes de los litigantes impostores obstinados en enriquecerse de manera ilícita aunque para ello tengan que desprestigiarse a sí mismos, traicionando a su gremio profesional, a la ley, a las instituciones, a la sociedad y a los universales principios y valores que rigen la convivencia humana. Ese es el lamentable escenario de podredumbre laboral que durante los recientes meses y años contaminó a Chihuahua, y quizá a muchas otras entidades del país.
Desde el inicio de la actual administración pública estatal, el Gobernador del Estado, César Duarte Jáquez, ha instruido al Secretario de Trabajo y Previsión Social, Fidel Pérez Romero, la implementación de acciones específicas para detectar y castigar tanto a los funcionarios corruptos como a las mafias de abogados laboralistas carentes de pundonor, ética y escrúpulos, con el fin de proteger de la perversidad de los malos litigantes a los trabajadores honestos, así como a los empresarios, quienes a fin de cuentas son los generadores del empleo y la riqueza que además de brindar bienestar económico y social detona la expansión de las actividades productivas. Aunque aún existe una profunda preocupación en los sectores empresariales, ante el temor de que los taimados abogados transgresores de la ley continúen amañando los juicios laborales para obtener laudos injustos que los beneficien con inmerecidas ganancias, es cada vez menor el riesgo de que la planta productiva siga sufriendo quebrantos provenientes de estas marrullerías, pues las recientes demandas y aprehensiones de abogados y funcionarios laborales coludidos con las principales bandas de juristas defraudadores que han venido operando en la entidad, ha permitido a las autoridades obtener importante información sobre las fraudulentas estrategias empleadas por estas pandillas de malos profesionistas, y sin duda facilitará la captura de otros infractores laborales que aún se encuentran prófugos. En materia laboral Chihuahua está alcanzando logros tangibles, los siniestros pleiteadores laborales y sus cómplices, quienes desde hace meses se hallan bajo la mirada inquisidora de la autoridad, están recibiendo duros golpes, y se encuentran vigilados y acosados como nunca, pues es evidente que el Gobernador Duarte tiene una indeclinable voluntad política para llevar a la cárcel a estos delincuentes laborales, que se han convertido en parásitos de las empresas y en una amenaza para la economía, al hacer de la farsa y la treta procesal su modo de vida.
