En este escenario, los grupos de poder enquistados en los medios de comunicación y los sindicatos, sienten al poder público débil y le disputan la titularidad de la toma de decisiones. En el último año diversos grupos de empresariales se han dado a la tarea de crear asociaciones civiles, que escudadas en la participación social, llenan los vacíos que las autoridades legalmente públicas dejan por complicidad, incompetencia e irresponsabilidad. El supuesto que permea esta estrategia apunta a que el Estado es incapaz de utilizar de manera eficaz los recursos públicos, por tanto tendría que ser el mercado quien bajo la lógica de libre competencia, decidiera lo mejor para el país. En esta coyuntura los grupos que detentan el poder público buscan justificar sus decisiones dándole baños de ciudadanía, veamos dos ejemplos, que en las semanas pasadas ejemplifican este hecho. Para hacer este análisis nos apoyaremos en una pregunta propuesta por el Dr. Hevia del CIESAS-Golfo: ¿a quién representan las organizaciones?
En el primer ejemplo, este cuestionamiento interpela de manera directa a la Sección 32 del SNTE, que en días pasado entregó a un candidato su propuesta de plataforma educativa para el próximo sexenio. Llama la atención que la cúpula que gobierna la Sección 32 está vinculada a ese partido de manera histórica, tanto que funciona como un sector más, al cual en reciprocidad “le tocan” diputaciones, presidencias municipales, regidurías y puestos en la estructura educativa oficial. Así, este ejercicio que aparentaba el diálogo entre un gremio y un aspirante a gobernador, se convierte en la práctica en un acto más de campaña, donde no se discuten visiones de lo que debería ser la educación necesaria para Veracruz, sino se reitera públicamente lo que ya se sabía, la adhesión a este partido.
El segundo ejemplo apunta a como los gobiernos en turno crean estructuras aparentemente civiles, para posicionar en el ámbito público a personalidades que forman parte de su estructura partidista. Este es el caso de la Asociación Estatal de Padres de Familia, que cobijado en un discurso ciudadano opera una estructura de posicionamiento público de determinados actores. Basta con rastrear donde se ubican sus expresidentes para saber a quién representan en realidad. En una lógica democrática, esta asociación debiera estar gobernada por todos los presidentes de asociaciones de padres de familia de cada una de las escuelas de educación básica de la entidad y debiera ser un contrapeso para la autoridad pública, en áreas como la gratuidad de la educación, el desempeño docente o la infraestructura y sería una de las vías para hacer posible la política de participación social en educación.
El contexto electoral es un buen momento para contestar la pregunta ¿a quién representan las organizaciones?
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En esta semana se está dando el acercamiento formal con los candidatos a gobernador.
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