“DESDE CUALQUIER ÁNGULO EN EL ENTORNO” nos lleva hacia el circundante mundo de las realidades en los 67 municipios de Chihuahua, de los cuales, 37 están drásticamente devastados por la prolongada sequía y el resto perjudicados de alguna u otra forma en diferentes grados de afectación; la falta de agua ha hecho ya estragos. Con oportunidad Protección Civil de Gobierno del Estado hubo solicitado el apoyo del FONDEN (Fondo de Desastres Naturales) prácticamente para toda la entidad, ante la situación de alarma que prevalece por la ausencia de lluvias, empero, la respuesta para Chihuahua, aún con el reconocimiento de CONAGUA, de que efectivamente es el Estado con la mayor afectación por la sequía intensa. Sin embargo, acotan los apoyos solamente para 27 municipios declarados como ‘zona de desastre’, cinco de la Sierra (Balleza, Cusihuiriachi, Guadalupe y Calvo, Matachí y Nonoava); 13 del Desierto (Ahumada, Aldama, Ascensión, Camargo, Coyame del Sotol, , Chihuahua, Jiménez, Julimes , Manuel Benavides, San Francisco de Conchos, Satevó, Ojinaga y Valle de Zaragoza) y nueve del resto (Aquiles Serdán, Bachíniva, Cuauhtémoc, Juárez, La Cruz, Matamoros, Riva Palacio, Rosario, San Francisco de Borja y Santa Bárbara). Todos ellos, además de los otros diez desdeñados, aunque la evidencia es de que son 40 municipios faltantes (Allende, Batopilas, Bocoyna, Buenaventura, Carichí, Casas Grandes, Coronado, Chínipas, Delicias, Belisario Domínguez, Galeana, Santa Isabel, Gómez Farías, Gran Morelos, Guachochi, Guadalupe, Guazapares, Guerrero, Hidalgo del Parral, Huejotitán, Ignacio Zaragoza, Janos, López, Madera, Maguarichi, Matamoros, Meoqui, Morelos, Moris, Namiquipa, Nuevo Casas Grandes, Ocampo, Praxedis G. Guerrero, Rosales, San Francisco del Oro, Saucillo, Temóschic, El Tule, Urique y Uruachi), no se produjeron granos básicos, circunstancia adversa que ocasiona la hambruna especialmente en la Región Serrana donde los indígenas producen maíz y frijol para su autoconsumo y que por la falta de agua no han logrado.
El Acuerdo Federal del Presidente Calderón para flexibilizar las “Reglas de Operación”, está suscrito para que la propia Comisión Nacional del Agua actúe con el 50 por ciento de los recursos valorados en 467.2 millones de pesos; es decir, 233.6 millones que manejará la federación con sus propias reglas y el otro 50 por ciento aplicados por la Junta Central de Aguas y Saneamiento (JCAS). Ambas instancias, conforme a una estructura divisional (donde abusivamente la federación tiene seleccionados lugares más accesibles o menos difíciles que los que atenderá el Estado), llevarán a cabo acciones de reposición de fuentes agotadas, pozos profundos, galerías filtrantes, cajas colectoras, plantas de bombeo, casetas de cloración y tanques, líneas de conducción; bordos de retención del vital líquido en lugares específicos que tienen detectados los técnicos hidráulicos locales en función de las posibilidades que aplicarán metódicamente sus esfuerzos a efecto de atenuar la tremenda situación que se confronta.
El otro Acuerdo, el del Estado, vital, trascendente, establecido por el Señor Gobernador, es que ante el fenómeno se utilicen todos los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para hacer frente a la situación que aqueja, incluyendo el aseguramiento de los productores dedicados a las actividades agropecuarias; promuevan la agilización en el Estado de la entrega de agua en pipas tanque y cisternas; soliciten y contribuyan en dar preferencia a la entidad para poner en marcha el programa de rehabilitación y construcción de pozos de uso doméstico. Respecto de “enseñarnos a pescar”, las Secretarías de Economía y de Desarrollo Rural promoverán proyectos productivos de acuerdo a la afinidad tradicional propia de cada región y de acuerdo a las aptitudes y vocación de los pobladores. Destinarán los recursos humanos y de maquinaria y equipo para el desarrollo integral de las localidades en su conjunto con miras a mejorar las condiciones en las que realizan sus actividades en general.
A su vez, la Secretaría de Fomento Social ha sido instruida por el Ejecutivo Estatal para la creación de la Procuraduría Social, cuya función principal será facilitar directamente la gestión de las comunidades con el Gobernador. También este Acuerdo contempla que la JCAS, solicite la declaratoria de desastre natural para los 67 Municipios del Estado. ¡Que así sea!
