CON MI RECONOCIMIENTO Y ADMIRACION AL LIC FERNANDO RODRIGUEZ MORENO POR LA PRESENTACION DE SU OBRA JURÍDICA…MUCHOS LA ESTÁBAMOS ESPERANDO
La muerte de toda persona siempre es lamentable; mayormente de aquellas demasiado jóvenes que les faltaba mucho por conocer, más por vivir y todo por aprender, pero si el fallecimiento de los jóvenes es lamentable, más lo es cuando se trata de infantes, de pequeños niños que dependen integralmente de sus padres para poder vivir.
El pasado martes, se conoció la noticia del fallecimiento de una pequeña niña indígena rarámuri, quien murió el pasado domingo en esta ciudad, después de ser trasladada desde el poblado de San José de Valenzuela, perteneciente al Municipio de Batopilas, al serle detectado desnutrición en cuarto grado, teniendo un peso de menos de 4 de kilos, cuando debería ser mínimamente de 11; es decir, la niña falleció de hambre.
Este es el onceavo caso que se registra en esta zona indígena, la cual ha sido devastada por una sequia que ha impedido la producción de alimento, y que día a día cobra la vida de animales de granja y semovientes, pero que ahora comienza a generar hambruna en una población estimada en 11 mil indígenas que habitan en esta zona.
La mayoría de las personas de esta ciudad, pensábamos que la muerte por falta de alimento, solamente se presentaba en otras zonas del país, o en otros continentes, pero no en Chihuahua; los problemas derivados de la terrible sequía, continúan generando incertidumbre en todos los sectores de la población, mayormente en aquellas zonas donde la producción de alimento para autoconsumo, es determinante para la sobrevivencia de todos los seres vivos.
La situación en el campo Chihuahuense es grave, y de no atenderse adecuadamente, con la participación de todos los niveles de gobierno, podrá acarrear mayores casos lamentables de pérdida de vidas humanas.
La postura asumida por parte del Gobernador del Estado Cesar Duarte, en total solidaridad con las organizaciones campesinas que se manifestaron frente al palacio de Gobierno, debe traducirse en la canalización de los recursos suficientes para poder sortear esta contingencia, que alcanza ya tintes alarmantes.
Por si solo, el gobierno del Estado no puede responder en su totalidad a las demandas del sector agropecuario, pero si puede, como se ha venido demostrando, gestionar recursos ante el Gobierno Federal para que de manera conjunta se pueda enfrentar esta contingencia, incluso mucho ayudaría el convocar a la ciudadanía, quien en todo momento, ha dado muestras de apoyar a los más desprotegidos, que en estos momentos son nuestros hermanos indígenas.
Actualmente la sierra Chihuahuense está siendo explotada por parte de empresas mineras extranjeras, las cuáles mensualmente extraen toneladas de oro, que inmediatamente es transportado hasta sus lugares de origen, dejando ciertamente un beneficio para los habitantes de las zonas donde tienen los campamentos.
Sin embargo, estos beneficios son mínimos comparados con el enorme provecho que les representa a las empresas, tanto porque en sus esquemas de organización, nunca son ellas las que tienen compromisos laborales, sino que son las empresas contratistas las que realizan todas las actividades específicas de la minería.
Estas empresas, provenientes de los distintos estados del país, llegan a los lugares de exploración con personal especializado, quienes se llevan las mejores ganancias, dejando solamente los puestos de peones y obreros de raya, a los habitantes de estos lugares.
Ante este marcado contraste de riqueza insultante y pobreza indigna, el gobierno de Cesar Duarte está obligado a plantearle a las empresas mineras, esquemas de responsabilidad social para que cuando menos, su presencia les permita mejorar su entorno, elevar su nivel de vida, y particularmente, proyector su futuro para el mediano y largo plazo.
Se trata de que las empresas participen en un proyecto de capacitación para los cientos y miles de jóvenes, hombres y mujeres, que pueden adiestrarse como técnicos especializados en soldadura, mecánica, electricidad, maquinas y herramientas, entre otras actividades, que diariamente se requieren para la minería, bajo un esquema donde, por un lado participen conjuntamente el Estado, a través de la Secretaría de Educación, con profesores y capacitadores, y las empresas para aportar los materiales que se requieran y al final, después de su capacitación, puedan recibir su documentación oficial que los avale como técnicos especializados, con lo cual su legítima aspiración para poder obtener un mejor salario que les permita vivir mejor, pueda ser el inicio de una mejoría integral.
Muchos de los indígenas viven de las artesanías que fabrican manualmente; pensar en capacitarlos para diferentes actividades puede resultar una tarea nada sencilla, pero con la educación es como se presentan los milagros, quien no puede asegurar que la orfebrería de oro y plata, por ejemplo, no pueda ser una alternativa, si se cuenta con el apoyo de las empresas mineras, traducido en talleres de capacitación para la fabricación de cadenas, aretes y muchas piezas sencillas del preciado metal.
El Secretario de Educación de la presente administración, Jorge Mario Quintana Silveyra, es un personaje muy capaz, con una trayectoria de formación de profesionistas que sabe y entiende el valor de la educación en la vida de una persona, pero además, por sus hechos, el Gobernador Cesar Duarte le está apostando todo al sector educativo para que se convierta en palanca del desarrollo…está bien, se entiende, pero en la sierra, donde se encuentran las zonas indígenas, no se deben proyectar a mediano plazo, porque, como nos hemos dado cuenta, el destino ya los alcanzó (aime19_@yahoo.com.mx)