De acuerdo con el decreto que reforma principalmente las leyes de la banca de fomento, se cambiaría el paradigma de las instituciones públicas y ahora su prioridad no será el generar utilidades e invertir los recursos en operaciones bursátiles.
Se menciona que es prioritario apoyar con recursos a las actividades de infraestructura, agropecuarias, de vivienda, ahorro, al sector popular y comercio exterior.
Se busca cambiar el mandato de toda la banca de desarrollo que, principalmente, preservaba los recursos en lugar de tomar más riesgos para dar más créditos. Un ejemplo de ello es Nacional Financiera, ya que este banco de desarrollo tiene un portafolio de inversiones en valores bursátiles de 188,587 millones de pesos, esto es, una inversión de cartera, en vez de destinarse a créditos al sector productivo.
Internamente, el gobierno federal busca proteger a los directivos de la banca de desarrollo que toman decisiones de otorgamiento de crédito. De acuerdo con la propuesta, ahora los funcionarios públicos de los consejos directivos contarán con la defensoría legal, que apoyará las decisiones tomadas, aun después de haber terminado su relación laboral con la institución.
El gobierno federal propondrá remuneraciones adecuadas para los funcionarios de la banca de desarrollo, compatibles con las que se pagan en el sector financiero mexicano.
De acuerdo con exfuncionarios públicos, la banca comercial literalmente les quitaba talento humano, por el diferencial entre los salarios públicos y las ventajas del sector privado.
APOYO EN ÉPOCA DE CRISIS
También se propone que la banca de desarrollo pueda tomar como garantía de créditos acciones de instituciones financieras o adquirir ciertos títulos o valores emitidos por ellas, aun cuando se encuentren en una situación crítica. Con la reforma se busca extender el crédito a empresas en las que se requiera tomar eventualmente el control en eventos desafortunados, como el cobro de garantías, con el fin de asegurar el pago del crédito.
El Ejecutivo federal propone que la banca de desarrollo realice inversiones en empresas que desarrollan proyectos nuevos de larga maduración o actividades susceptibles de fomento, las cuales actualmente requieren de la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). El cambio iría en el sentido de eliminar estos obstáculos, y los bancos gubernamentales podrían fomentar las inversiones, llamadas de riesgo.
La banca de gobierno ahora tiene que estimar la viabilidad del pago de los créditos a través de un análisis cuantitativo y cualitativo, para establecer su solvencia crediticia y capacidad de pago. Ahora con los cambios al artículo 65 de la Ley de Instituciones de Crédito será otorgado el financiamiento considerando la viabilidad del crédito en función de la garantía y con el espíritu de preservar las fuentes de empleo.
Ahora, la Secretaría de la Función Pública ejerce toda la vigilancia de los bancos de desarrollo, como lo hace con las otras dependencias de gobierno federal. En la propuesta se busca que, acorde a las mejores prácticas, el sistema de control y vigilancia en asuntos bancarios recaiga en la CNBV, el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La Secretaría de la Función Pública únicamente tendrá atribuciones de control, evaluación y vigilancia de las disposiciones administrativas. Con estas medidas, el gobierno federal busca una banca más expedita y que responda a las necesidades de fomento de la planta productiva del país.
MISCELÁNEA FINANCIERA TIENE COMO OBJETIVO INCREMENTAR LA COMPETENCIA
La reforma que el Ejecutivo enviaría al Congreso de la Unión propone modificar 38 leyes a través de 14 decretos; entre ellos, el Código Penal Federal, la Ley de Concursos Mercantiles, la del Banco de México, Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la de Extinción de Dominio.
Financiamiento al terrorismo
La reforma financiera que el gobierno federal contempla enviar al Congreso de la Unión prevé modificaciones al Código Penal Federal con el fin de sancionar con más dureza a quienes incurran en lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
Promueve la imposición de cinco a 15 años de prisión y multas de 1,000 a 5,000 días de salario mínimo para quien, por sí o por interpósita persona, adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, deposite, retire o transfiera derechos o bienes de cualquier naturaleza de México hacia el exterior o viceversa, y tenga conocimiento de que proceden de una actividad ilícita. Define el perfil de las personas con conocimiento de una actividad ilícita que serán sujetas de investigación por lavado.
“Entre los retos que tiene que enfrentar el Estado en materia de seguridad, están los que derivan del fortalecimiento de las estructuras financieras de la delincuencia organizada”, destaca.
Se crea el Comité de Estabilidad Bancaria
La Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores prevé modificarse para darle más dientes a esta institución; con ello podrá supervisar a los centros cambiarios y transmisores de dinero, elaborar y publicar estadísticas de las entidades y mercados financieros, así como ordenar medidas cautelares que tendrán el carácter de precautorias y consistirán en correcciones o modificaciones a las entidades que supervisa.
La reforma contempla la creación del Comité de Estabilidad Bancaria en lugar del Comité de Estabilidad Financiera, mismo que evidenciará los elementos de falta de pago de las obligaciones de una institución bancaria que impliquen un riesgo sistémico. Cuando lo anterior suceda, “el Comité podrá reunirse para determinar el pago de tales obligaciones o aumentar el porcentaje inicialmente determinado cuando estime que el pago será razonablemente menor que el daño que causaría al público ahorrador de otras entidades”.
Banxico adquiriría control de bancos
La reforma financiera contempla que el Banco de México (Banxico), en su carácter de acreditante de última instancia, otorgue créditos a las instituciones de banca múltiple que presenten problemas de liquidez.
“En el momento en que el Banco de México resuelva que la garantía del crédito de última instancia recaiga, parcial o totalmente, sobre acciones representativas del capital social de la institución de banca múltiple solicitante, deberá constituir una prenda bursátil”, establece la reforma.
Durante la vigencia de la prenda bursátil (garantía), el ejercicio de los derechos corporativos y patrimoniales inherentes a las acciones corresponderá a los accionistas.
No obstante, cuando se presente algún incumplimiento al contrato de crédito, el Banco de México podrá ejercer los derechos corporativos y patrimoniales de las acciones o designar a la persona que los ejerza.
Intervención de gobiernos foráneos
La iniciativa establece bajo qué condiciones se considera la intervención de un gobierno extranjero en un banco con presencia en México, con el objetivo de evitar conflictos políticos.
Destaca que los extranjeros que participen en la banca en México, además de no ejercer funciones de autoridad, deberán acreditar la independencia de sus órganos de decisión del gobierno extranjero de que se trate.
El gobierno federal respalda que las leyes actuales tienen prohibiciones para que personas morales extranjeras que ejercen funciones de autoridad participen en el capital social de intermediarios del sistema, pero las disposiciones resultan insuficientes.
Eduardo Gómez, socio de pwc, consideró: “Con estas modificaciones, queda aclarado bajo qué condiciones entendería el gobierno mexicano una posible intervención extranjera en un banco en México. Esto es consecuencia de lo que pasamos en la crisis del 2009”.
Habrá Tribunales especializados
Las autoridades federales proponen modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para modernizar la materia procesal mercantil, mediante la creación de tribunales especializados en el área.
En la actualidad, las demandas en materia mercantil pueden presentarse ante juzgados federales o locales, pero con el nuevo ordenamiento se busca la creación de tribunales especializados.
“Esta competencia concurrente de los tribunales locales y federales para el desahogo de los litigios en materia mercantil origina que en la práctica jurídica los juzgados federales casi no conozcan de los juicios mercantiles como primera instancia”, se lee en la propuesta.
La propuesta especifica la competencia de los juzgados de distrito especializados para conocer: las controversias en materia concursal, los juicios mercantiles con cuantías superiores a una cantidad equivalente a 1 millón de unidades de inversión, entre otros.
Eleconomista.com.mx