Indignación (también) en el campo

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Tiene muchos asegunes el que este país esté gobernado desde Mesoamérica y más aún desde una ciudad construida sobre lagos. Se piensa que fuera de México (ciudad) todo es Cuautitlán, inundada hace unas semanas. No se considera que más de la mitad de nuestro territorio lo forma Aridoamérica y aquí el problema no son las inundaciones, sino las sequías.

 

 

El domingo pasado las organizaciones rurales de Chihuahua comenzaron el movimiento L@s indignad@s del Campo Chihuahuense con marchas desde los cuatro puntos cardinales para confluir en la capital del estado el miércoles 26. Su diagnóstico y sus demandas seguramente convergen con los de otras organizaciones del norte y centro norte del país.

 

Esta inmensa región vive la peor sequía en 50 años, cuando menos. En Chihuahua la precipitación promedio de octubre de 2010 a octubre de 2011 ha sido de 217 milímetros cúbicos, contra el promedio de 1941 a la fecha, que es de 368.7 milímetros. Peor aún, el 3 y 4 de febrero se presentó una helada de hasta 22 grados bajo cero que acabó con gran parte de los arbustos forrajeros, plantas suculentas y árboles. Se encuentran gravemente afectadas 17 millones de hectáreas de agostadero, reducidas a niveles mínimos de producción y capacidad de recarga de agua. Los mantos acuíferos se han abatido seriamente por la sobrexplotación y los abrevaderos se han ido secando

 

Además, la sequía tiene graves repercusiones productivas y alimentarias: en Chihuahua este ciclo agrícola ha caído en 85 por ciento la producción de frijol, no hubo maíz criollo para autoconsumo, se redujeron las cosechas de granos, manzana y forrajes en las zonas de riego, lo que repercute en mayores costos para la producción de carne y lácteos, mermando la disponibilidad alimentaria estatal y nacional. Tan sólo para el abasto de la Tarahumara se requieren 70 mil toneladas de maíz y 20 mil toneladas de frijol.

 

La ganadería está al borde del colapso: se ha derrumbado la producción de avena, maíz forrajero y alfalfa. La poca producción forrajera y los esquilmos de diversos cultivos se los están llevando los ganaderos de Coahuila, Durango e incluso de Texas, para alimentar a sus hatos, lo que dispara el precio del forraje a los ganaderos locales. La caída del precio del becerro en pie para la exportación, desde 32 hasta 18 pesos kilo, ocasionada por el cambio de estatus sanitario, hace desesperante la situación. La ganadería de leche también padece el encarecimiento de insumos y el bajo precio del producto. El colmo: el Departamento de Agricultura de Estados Unidos acepta dejar entrar bajo severas condiciones becerros mexicanos si México deja ingresar la papa enferma de Arizona.

 

La agricultura de riego, pilar productivo alimentario, ha visto reducidos sus rendimientos y abatidos los acuíferos. Los costos de producción de combustibles y energía eléctrica se han disparado. Carente de sentido patriótico y social, la Comisión Federal de Electricidad reinició cortes de energía eléctrica a productores deudores y poblaciones, poniendo en riesgo las inversiones y cosechas, y al haber remprendido demandas por la vía del juicio ejecutivo mercantil.

 

Para enfrentar la emergencia, agricultores y ganaderos chihuahuenses han elaborado un pliego de 12 demandas básicas y urgentes, que van desde programas alimentarios emergentes para la zona serrana, hasta el cierre de las fronteras estatales a la exportación de forrajes y programas especiales para recuperación de agostaderos, abrevaderos y un programa de inspiración villista: comprar reses a buen precio a los ganaderos para poner al alcance del pueblo carne barata, en un contexto en que el consumo de bovino se ha derrumbado. (La Jornada, 17/10, nota de Susana González).

 

Esta situación se ve agravada por la emergencia de seguridad ciudadana provocada por la acción de las bandas del crimen organizado y los atropellos de policías y militares en contra de los derechos humanos. Asesinatos, secuestros, extorsiones, robos de vehículos, incendios de ranchos, robos de maquinaria e instalaciones eléctricas para riego, etcétera, etcétera.

 

Sin embargo, para el gobierno federal el sentido de emergencia no existe, a no ser que sea enviar ayuda –muy necesaria por cierto– para las zonas afectadas por las inundaciones. Pero cuando se le plantea emprender acciones expeditas, fuera de la normatividad burocrática, los representantes federales siempre salen con lo mismo: Tenemos muchos programas ordinarios a los que pueden acogerse, no necesitamos crear ninguno nuevo. Esa ha sido la respuesta a meses de negociación del programa Todos somos Juárez y al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

 

Ahora bien, la emergencia por la sequía, irrefutable, tozuda, no puede soslayarse. Pero tampoco los cálculos electoreros con que se quiere manejar. El gobierno federal quiere orientar recursos donde pueda aplicarlos directamente en beneficio de sus candidatos; el estatal, quiere recibirlos del federal y aplicarlos en beneficio de los suyos tocando lo menos posible su propio erario. Por eso, evitar la instrumentalización de uno y otro gobierno, de cualquier proyecto electoral, es desafío no pequeño para el movimiento de los agricultores y ganaderos chihuahuenses.

 

En la medida en que lo logren; que impacten la conciencia nacional de la necesidad de un giro drástico en las políticas para atender el cambio climático y la producción de alimentos, estarán sembrando –y no en seco– para que cunda la indignación en todo el campo.

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