El elemento central que está presentándose como una violación a los derechos de los pueblos indígenas en la región es el tema de la consulta sobre las concesiones para la explotación de los recursos naturales en sus territorios.
“Nosotros planteamos que la consulta en sí es apenas un procedimiento para el ejercicio del derecho a la libre determinación”, indicó la reconocida activista misquita nicaragüense, entrevistada cuando estuvo en México en días pasados.
Subrayó que es urgente cambiar la perspectiva mental y el discurso con el que los gobiernos y empresas se acercan a los pueblos indios para realizar dicha consulta, porque muchas veces se ve a éstos “sólo como el grupo vulnerable que está en las zonas donde se va a hacer la inversión, entonces les van a ofrecer algo, algún empleo… migajas”.
Mencionó que gobiernos y empresas ven a los pueblos indios como sujetos minorizados, que es la forma como históricamente se les ha tratado, sin tomar en cuenta que ellos son los dueños del territorio y los recursos “y por tanto vos te acercás a un dueño donde quieres hacer una inversión planteándole que quieres ser socio de ellos, pero no los están viendo como titulares plenos de derecho”; eso es colonialismo.
Más bien, lo que se debiera considerar, enfatizó, son los mecanismos para que los pueblos indígenas tengan acceso al beneficio de esos proyectos, “cómo pueden ser cogestores, coadministradores, cómo pueden ser socios”, añadió.
Doctora honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México (2010), ex presidenta del Consejo Autónomo de la Región Atlántica Norte en la ciudad de Bilwi, estado de Puerto Cabezas, en Nicaragua, Cunningham ha recorrido un largo camino en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y de las mujeres, tanto en su país como a escala internacional.
La presidenta del FPNUPI señaló que ante la escasez de recursos naturales y los problemas del cambio climático, el colonialismo vigente de los grupos de poder ve que las zonas donde todavía hay recursos naturales son aquellas donde viven los pueblos indígenas y entonces buscan apoderarse de ellas en forma mucho más agresiva, “violando de forma premeditada los derechos de las comunidades, utilizando argumentos que ya no son válidos”, pues aplican los mismos principios de hace 500 años.
“Adoptan modalidades de colonización que en muchos casos son tanto o más agresivas que lo que pasó hace muchísimos años”, pese a que teóricamente hay grandes avances en el tema de los derechos humanos individuales y colectivos.
La aplicación de esos principios de hace 500 años es “totalmente malvada, porque nadie puede alegar ignorancia ante los instrumentos internacionales de derechos humanos”, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indios o el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), subrayó.
Cunningham explicó que precisamente el tema central de la próxima sesión del FPNUPI, que se llevará a cabo del 7 al 18 de mayo próximos en Nueva York, es el análisis de la doctrina del descubrimiento de la colonización y cómo se sigue manifestando en la actualidad. “Se tocarán los factores filosóficos, jurídicos y legales; los argumentos que se utilizaron para justificar la conquista de nuestros territorios y de nuestro patrimonio natural y cultural. Uno creería que eso fue hace más de 500 años, pero sigue vigente; están en la reconquista y la recolonización”, subrayó.
Citó como ejemplo los problemas que enfrentan los pueblos indígenas en muchos países de América Latina, que cuentan con proyectos de inversión de empresas trasnacionales o megaproyectos nacionales que pretenden realizarse en sus territorios sin que se aplique el principio de consulta previa, informada, de buena fe, contenido en la DNUDPI, pero también en el convenio 169, ratificado por casi todos los países de la región.
“Para nosotros es claro –dijo– que el tema central no es si se hace o no una buena consulta, sino si se respeta o no el acuerdo de la consulta”. El tema central es que, desde 2007, tenemos un instrumento internacional que es la DNUDPI, que reconoce su derecho a la libre determinación y a tener participación plena y efectiva en la toma de decisiones que les conciernen.
Entonces, “la verdad es que pareciera como que se está jugando a inventar mecanismos para trazar el ejercicio de esos derechos; nosotros siempre alertamos que no debemos confundir el procedimiento en sí con el ejercicio real del derecho”.
Subrayó que además de los gobiernos, las corporaciones y las empresas “definitivamente no pueden evadir su responsabilidad de asegurar que en la zona donde ellos trabajen se respeten los derechos humanos” y los derechos colectivos de los pueblos.
Las empresas tienen que entender que pierden más si no hacen la consulta, porque la gente les va a detener sus proyectos, o sea, los pueblos van a demandar el respeto a sus derechos; entonces el argumento de no invertir en una consulta a la larga se revierte contra ellos, porque posteriormente no hay condiciones de gobernabilidad para invertir.
Afirmó que en todos los países de América Latina se ve el interés de los gobiernos, manifestado muchas veces por los presidentes, de que van a hacer la consulta mencionada, “pero no hay necesidad de respetar los acuerdos, y esto lo vimos en Bolivia, en el caso del Tipnis (donde indígenas de tierras bajas se oponen a la construcción de una carretera por su territorio), y lo vemos con la aprobación de una ley del derecho a la consulta, pero prácticamente obligando a la gente, o sea, una ley del derecho a la consulta sin consultar cómo hacerla”.
Mencionó que “en Chile se ha discutido también un proceso de la consulta de la consulta, sin haber mucho avance; en México se analiza el tema en el Congreso, sin prosperar; Guatemala también tiene una ley en el parlamento que tampoco ha podido avanzar, en tanto que el Estado guatemalteco se niega a reconocer más de 33 consultas dirigidas por los propios pueblos indígenas en zonas afectadas por la minería; en Perú se ha dado un paso con la reglamentación de una Ley de Consulta Previa, después de la masacre de Bagua hace dos años; el tema está también en Argentina…”
Sin embargo, remarcó Cunningham, la ausencia de mecanismos para la consulta, vinculada, por ejemplo, a las industrias extractivas, no es el problema principal porque, por ejemplo, México ha ratificado desde 1990 el convenio 169 de la OIT, y éste es un instrumento que tiene como eje central para su implementación la consulta… Entonces, una ley lo que vendría a hacer es fortalecer, profundizar, definir mecanismos de cómo realizar la consulta, pero el derecho a ella está reconocido desde hace muchos años”, indicó.
La Jornada
