Para la gran mayoría de las entidades del país, el sistema penal que se implementó en Chihuahua en el 2007, aún a pesar de que no fue el primero en la República, ha sido considerado como un referente aleccionador, dado que ha permitido que de los errores que se han presentado aquí, en otras entidades lo anticipen y de esa forma, su implementación supere el proceso de acierto y error, que mucho ha retrasado su sano desarrollo en nuestra entidad.
El desmedido afán protagónico de quienes se han encontrado al frente de los poderes ejecutivo y judicial, permitió que el proceso de desarrollo del nuevo sistema de justicia penal, haya presentado frecuentes altibajos, que retrasan y a veces generan estancamiento de lo que debería tener un fortalecimiento sostenido.
El valemadrismo institucional que consideró como único camino el avanzar unilateralmente con el enorme catálogo de reformas a los códigos penal y de procedimientos, sin antes buscar su socialización, ni mucho menos el poner a consideración de los organismos gremiales de abogados, generó que el espíritu adversarial del nuevo sistema, incluso la presunción de inocencia en todo el procedimiento, se pusiera a duda, por parte de los representantes privados de los imputados.
El cuello de botella ha sido que mientras la consejería jurídica avanza con el trabajo de arrastrar el lápiz y darle sustento a las reformas que se consideran importantes y avanzar con la prontitud que se requiere para enfrentar con eficiencia los embates de las bandas del crimen, otras instituciones que también pertenecen al ejecutivo estatal, prefieren “nadar de muertito”, dejando su papel de protagonista, en el de simple espectador.
Los problemas se generan cuando las personas no hacen lo que están obligadas a realizar.
Al inicio de la administración de Cesar Duarte, los índices de violencia superaban cualquier expectativa; los compromisos de hacer lo que fuera necesario para abatir la delincuencia, incluyeron la elevación a pena vitalicia para quienes cometieran delitos de alto impacto.
Surgieron de inmediato voces discordantes sobre la constitucionalidad de la pena, la efectividad que tendría en estas condiciones, ya que la teoría y los académicos aseguraban que por sí misma, esta medida no bajaría los índices delictivos, por el hecho de que al existir más de 94% de impunidad en todo el país, los delincuentes responsables de estos delitos, tomarían como prioridad el no dejarse capturar por la policía, que el temor que les representaría el quedar sujetos a proceso con pena de prisión de por vida.
El hecho es que cuando se habla de que existe una notoria reducción de los delitos de alto impacto, y se dan a conocer cifras y nombres de personas y bandas detenidas, procesadas y en muchos de los casos, sentenciadas, es cuando se presentan nuevos hechos delictivos impactantes, como el del Far West.
La más reciente declaración de María Elena Morera, presidenta de la Asociación Causa Civil, cuando consideró como una total estupidez la pena vitalicia implantada en Chihuahua, expresión utilizada como resultado de la “ratificación” que le hiciera el Fiscal Carlos Manuel Salas, al señalarla como ignorante de la realidad que se vive en la entidad, cuando en el evento inaugural de la primera jornada de trabajo sobre el sistema acusatorio de Chihuahua, presentara a la entidad como una de la más retrasadas en materia de certificación policiaca, concretamente los exámenes de control de confianza.
“Los jueces viven temerosos de perder su trabajo, ante la desigualdad manifiesta del Poder Judicial, ante el Ejecutivo y el legislativo – señaló Morera- agregando que contraviniendo a la oralidad del sistema, los jueces le vuelvan a otorgar valor probatorio a lo dicho por los testigos en documentos escritos, sin necesidad de exponerlos de viva voz; más adelante dijo que el adecuar la flagrancia al modo de la fiscalía, dejando de ser en el momento, para actualizarse hasta varios días después, es volver al pasado; asimismo, el otorgar facultades a la policía para violentar hogares sin necesidad de órdenes de aprehensión, es retornar a lo que ya ha sido superado.
En respuesta, el Fiscal demandó de la señora María Elena Morera, una mayor información antes de hacer acusaciones; la invitó a realizarse la prueba de polígrafo, que en su caso le costó permanecer más de 10 horas, por lo que, al término del evento, la señora Morera, se quedó con ganas de buscar una réplica, la que encontró más tarde y que diera cuenta un diario local.
Es claro que la caballerosidad, teniendo la representatividad del mandatario estatal, no es algo que se le da fácilmente al Fiscal Carlos Manuel Salas, además de que se contaba con personalidades de otras entidades de primer nivel, así como los cadetes de la escuela de policía y esto de tener que aceptar que en su propia casa lo señalen como incapaz y retrógrado, no fue fácil tarea para el Fiscal.
El hecho es que ciertamente en algunas partes de sus aseveraciones, la señora Morera tiene razón; cuando habla sobre la flagrancia; sobre el desequilibrio de los poderes Ejecutivo y Legislativo ante el Judicial, que conlleva a que los jueces emitan casi permanentemente sentencias condenatorias, ante el temor fundado de perder la chamba.
Es hora de que en la implementación del nuevo sistema de justicia penal se fortalezca la imagen de la entidad y del propio mandatario; no pretextar más para no ampliar la esfera de capacitación a los litigantes; es importante, también, que se le haga saber al presidente del STJ, que los abogados particulares no somos enemigos de los secretarios, jueces, magistrados, agentes del Ministerio Público, defensores, y en general de todos quienes realizan una función jurisdiccional; antes por el contario, somos la razón de su propia existencia…. Y por lo que se ve, los únicos que sabemos defender a Cesar Duarte, cuando lo acusan de tirano ( aime19_4@yahoo.com.mx )
