Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revelan que en el segundo trimestre de este año la tasa de desempleo en México fue de 5.3 por ciento de la población económicamente activa (PEA), es decir 2.5 millones de mexicanos desempleados, cien mil más que la cifra registrada en el mismo período del año anterior. En lo relativo al empleo informal la estadística se incrementó en 660 mil individuos, pues la información del Inegi muestra que 12.8 millones de personas pertenecen a este rubro, siendo el 28.8 por ciento de la PEA.
Tales cifras resultan significativas, ya que demuestran la persistencia de la crisis económica que inició a fines del 2008 y afectó al país durante el año 2009. No obstante las optimistas declaraciones vertidas por el gobierno federal durante los recientes meses, y el triunfalismo con el que se ha querido publicitar la creación de más de medio millón de empleos en lo que va del 2010, la información del Inegi indica que desde el inicio de la crisis hasta la fecha se han perdido 563 mil plazas laborales. Aunque llegara a cumplirse en el presente año la meta de creación de 600 mil puestos laborales, anunciada por el Secretario del Trabajo, Javier Lozano, la cifra en mención resultaría insuficiente para abatir el déficit acumulado durante el período 2009-2010, en el que la PEA aumentó en más de dos millones de personas.
Otro indicador preocupante que revelan los diagnósticos del Inegi es el incremento del trabajo informal, pues es evidente que un amplio y cada vez más numeroso sector de la población se ve obligado a incorporarse a un mercado en el que las características son la inseguridad laboral, las bajas percepciones salariales y la ausencia de derechos fundamentales como el acceso a la seguridad social y la pensión jubilatoria.
Ante tal panorama, no resulta halagador para la actual administración federal el hecho de que la tasa de desempleo mexicana sea relativamente baja en comparación con el entorno internacional, cuando colateralmente a esto se engrosa de manera cuantiosa la informalidad y persiste la marcada dependencia de las remesas provenientes del extranjero. Todo este mosaico de factores confirma en modo categórico la vulnerabilidad de la economía mexicana, así como la incertidumbre para la población y el menoscabo de la calidad de vida en nuestra nación.
En la fecha actual, cuando pese a la supuesta recuperación macroeconómica prevalecen los indicadores negativos, es obvio que el gobierno de Felipe Calderón no tiene argumentos para atribuir a la crisis económica internacional el incremento de la desocupación. Además, el mismo ejecutivo federal ha impulsado la adopción de medidas que desalientan la creación de fuentes de trabajo, tales como el aumento de los impuestos al salario y al consumo, y el encarecimiento permanente de los precios de combustibles, energía eléctrica y otras tarifas públicas. De estos hechos se puede inferir que el supuesto afán oficial para incrementar el empleo pareciera contravenirse por el endurecimiento de la política fiscal aplicada respecto a los asalariados y los sectores productivos, así como por la evidente intención de transferir al grueso de la población el oneroso costo del aparato burocrático federal.
Indefectiblemente es al gobierno federal a quien la atañe la responsabilidad de revertir una situación como la actual, cuya persistencia es una seria amenaza para el país debido al alto costo social y el riesgo de ingobernabilidad que implica. Si se pretende recuperar el mercado laboral debe partirse de un real análisis del diagnóstico socioeconómico que hoy impera, para reformular y reorientar las directrices económicas y presupuestales a fin de impulsar la generación de empleos en la medida que el crecimiento demográfico del país lo demanda.
