Ni empleo ni crecimiento económico sino violencia y muerte han sido los distintivos de este sexenio. Tan interminable, que parece sexenio bisiesto. Cincuenta y tres meses que han convertido a cientos de miles en víctimas.
Pero hay víctimas que se han hecho sujetos. Que han superado el dolor y el terror y las amenazas para que “ya no le muevan” y se han arriesgado a participar, a combatir, casi siempre para que a otros no les suceda lo que a ellos y a los suyos. Este paso de víctimas a sujetos lo hemos visto en no pocos casos: las madres de las muchachas desaparecidas en Chihuahua y en Ciudad Juárez; las familias de las y los jóvenes masacrados en Villas de Salvárcar; la familia de Eric Le Baron y Luis Widmar; los Atencos, los parientes de las decenas de personas objeto de desapariciones forzadas en el norte del país, la familia Reyes del Valle de Juárez. A pesar de que el participar, exigir justicia, los lleva muchas veces a ser victimados ellos también, estas ciudadanas y ciudadanos no claudican en su opción existencial de devenir sujetos de su vida y la vida de la nación.
Javier Sicilia es de esta raza. Desde su condición de víctima se quiere convertir en sujeto, en una parte del gran sujeto colectivo que este país requiere ahora. Su explosión inicial “ya estamos hasta la madre” es el hartazgo de ser objetos de violencia, de expropiación, de humillación. Su convocatoria a la Gran Marcha Nacional del cinco al ocho de mayo es el llamado a un país de víctimas, para dejar de estar haciéndose concha en espera del próximo golpe y para que nos construyamos juntos como sujetos de los procesos de justicia, de paz y de dignidad que no han podido ni querido construir quienes ejercen la violencia legítima y que han dinamitado siempre los grupos delincuenciales.
Se trata de una convocatoria hecha desde el terreno que todos compartimos o pudiéramos compartir: el de los afectados por la violencia. Como ésta no respeta condiciones sociales ni ideologías, así es el llamado, más allá de creencias, posturas partidistas y clases. Es un llamado desde el núcleo duro de la sociedad, desde el centro donde incandescen la ética pública, el interés general, tantas veces mencionado, tantas veces traicionado. Es una convocatoria para el cambio de la sociedad, incluida su forma política, no para la toma del poder. De ahí su potencialidad unificadora, de ahí su fuerza de arrastre.
Por esto tenemos la firme convicción que el llamado de Sicilia, hecho suyo ahora por miles de organizaciones y de personas debe conducir a una amplia asamblea, congreso o pacto ciudadano de todo el país. Y, permítasenos aclarar, un pacto en el que no estén de inicio el gobierno ni la clase política.
Hay por lo menos tres sombríos antecedentes recientes de acuerdos o pactos donde el gobierno ha intervenido, con resultados poco menos que nulos. El de “Todos somos Juárez”, de muy reducido impacto en los factores sociales de las violencias y de alto beneficio en los contratos para las empresas constructoras. El “Acuerdo Nacional por la Justicia y la Legalidad”, del verano de 2008, que, a pesar del “Si no pueden, renuncien”, fue seguido de la mayor escalada de violencia y muertes del último cuarto de siglo. Y el “Acuerdo Nacional por el Campo”, festinado por Fox para tener elecciones tranquilas en 2003, pero que no ha cambiado el modelo agrícola empobrecedor y destructor de la agricultura y de la sociedad campesinas.
Que gobierno y clase política participen en un pacto es brindarles una alcayata donde se atoren en el despeñadero al que se están precipitando. Para invitarlos a un pacto deben estar al nivel de la estatura moral de las víctimas que se rebelan. ¿Cómo puede firmarse nada con un gobierno cuyas fuerzas armadas han desaparecido jóvenes si antes no los presentan con vida y castigan a los actores materiales e intelectuales? ¿Cómo puede estarse al mismo nivel con quienes han encubierto a los que acribillaron niños y hasta a una mujer embarazada en los retenes policíaco-militares? ¿Qué pacto se puede hacer con quienes están conspirando para convertir el estado de excepción en recurso ordinario ante la creciente inconformidad social y laboral? Pactos apresurados, pactos sin fuerza social suficiente son tanques de oxígeno para gobiernos agónicos y placebos para sociedades airadas.
Al gobierno federal, a los estatales, a la clase política, no se les deben proponer, pactos, cuando menos por lo pronto. Lo que debe haber son mandatos claros, en términos precisos, exigibles, evaluables. Algo así como lo ha propuesto en Chihuahua el Movimiento por la Paz y la Vida Digna. El primer punto de llegada de la gran movilización ciudadana nacional es dejar bien claros los Sentimientos de la Nación ante la violencia, la represión, las violaciones a los derechos humanos, los privilegios a oligopolios económicos y grupos de interés políticos. La expresión de estos Sentimientos, su traducción en mandatos, su implementación práctica puede ser la tarea más próxima de la sociedad plural y diversa que se movilice los próximos y decisivos días de mayo.