El Nuevo marco jurídico que regula las actividades de la CEDH, es sin duda, el acontecimiento más importante desde su creación en la entidad, porque ahora, sus resoluciones contarán con una mayor contundencia, jurídica y ética, al ser precedidas de una total libertad de actuación, en la que sus recomendaciones tendrán que ser atendidas y entendidas, por parte de aquellos funcionarios a quienes vayan dirigidas, quienes tendrán la potestad de aceptarlas o rechazarlas.
En el primer caso; es decir, cuando sean aceptadas, se establecen tiempos específicos para llevar a cabo las modificaciones a que haya lugar, las acciones que se establezcan en las mismas recomendaciones, y en caso de que no se lleven a cabo, la propia Comisión Estatal, solicitará al Congreso del Estado, se le haga comparecer al funcionario para que explique públicamente las razones por las que no atendió a lo que se había comprometido con la recomendación aceptada.
Para cuando se presente la negativa de la autoridad para aceptar la recomendación, ésta se debe de hacer pública mediante una conferencia de prensa, donde el funcionario funde y motive, jurídica y éticamente, la causa por la que no acepta la recomendación, pero además, no lo exime de ser citado por el Congreso del Estado, para que también, en forma pública, les explique a los integrantes del parlamento local, las razones de su negativa.
En esta misma reforma, se contempla como una acción legislativa inédita en todo el país, la facultad que solamente tiene la CEDH de Chihuahua, establecida en su artículo 24 fracción V, que le permite inspeccionar todo lugar donde estén recluidos o internados seres humanos, pero no solo centros de reclusión, asilos o internados institucionales; es decir que sean operados por el Estado o la Federación, sino también aquellos que sean privados y administrados por particulares, incluyendo órdenes religiosas, de drogadictos y de menores, albergues indígenas, y en general todos aquellos que cuenten con seres humanos en calidad de internados o recluidos.
En cuanto a la ley para prevenir, sancionar y erradicar la tortura en el Estado de Chihuahua, se contempla una mayor penalidad a quien implícita o explícitamente, de manera directa o indirecta cometa un acto de tortura o la encubran, pero además, queda establecido que cualquier servidor público, de oficio; es decir, que baste que tenga información de que presuntamente se ha cometido un acto de tortura, para que de inmediato inicie una investigación
De lo más novedoso que aporta esta nueva ley, es el término de imprescriptible; es decir que la prescripción no opera para beneficiar a quien torture y permite que la victima, pueda presentar denuncia en cualquier momento, aún y cuando haya pasado el tiempo que en otros delitos puede ser considerado como plazo de prescripción.
Por otra parte, el mismo Presidente de la CNDH, Raúl Plasencia Villanueva, firmó un convenio de colaboración con el Magistrado Presidente del STJ Javier Ramírez Benítez, por medio del cual, se establecen las bases para que los impartidores de justicia, magistrados, jueces, actuarios, secretarios y en general todos los integrantes del poder judicial, que constituyen la columna vertebral de la impartición de justicia en el Estado, reciban cursos de capacitación en materia de derechos humanos, además de que cuenten con toda la información acerca de los tratados internacionales suscritos por el Gobierno mexicano y que han sido reconocidos por el Senado de la República, los cuáles, como es del conocimiento general, cuentan con carácter de aplicación obligatoria para todos los asuntos donde se involucren los derechos humanos.
En Chihuahua, los derechos Humanos llegaron para quedarse, y con la voluntad política del Gobernador Cesar Duarte, su esfera de reconocimiento y protección, se esta ampliando de manera extraordinaria.
Un gobierno que se defina democrático y de libertades, debe contar mínimamente con una serie de ordenamientos legales que le permitan a las personas, demandar el respeto hacia sus derechos humanos ante cualquier autoridad, con la seguridad que le serán respetados; en Chihuahua, el gobierno va mas allá y además de adecuar su marco jurídico, le brinda total autonomía a la institución encargada de velar por estos derechos; en hora buena por este gran compromiso, por este gran avance y por lo que le representa de desarrollo integral a nuestra sociedad (aime19_4@yahoo.com.mx).
