Germán Ávila Hernández, diputado suplente de Inés Aurora Martínez Bernal, legisladora propietaria del partido Acción Nacional, debe 8 millones de pesos de predial, mientras que el cliente de los adeudos institucionales en Chihuahua, Rubén Aguilar Jiménez, debe 3 y medio millones de las incontables propiedades que le pertenecen, adquiridas con el sudor de su frente y en base al trabajo honesto y productivo que deja la representación política de su instituto político, el Partido del Trabajo.
El proceso judicial que se lleva a cabo para cobrar el adeudo pendiente de los dos legisladores, se encuentra en sus últimas etapas; de hecho, se llevó a cabo en días pasadas la primera almoneda y a principios del año próximo se espera que se presenten postores para la segunda, con lo cual se podría rescatar el pago del millonario adeudo, y se sentaría un precedente de combate a la impunidad; nave en la que han navegado por décadas, tanto el panista, como el presidente vitalicio del partido del Trabajo.
Para nadie en Chihuahua es desconocido, que el nombre de Rubén Aguilar Jiménez, es sinónimo de impunidad absoluta, de cacicazgo y de negocios fuera de la ley; su cuantiosa fortuna se calcula en decenas de millones de pesos, adquiridos a base de un intenso y permanente trabajo de líder político, de presidente de un partido que ha sido utilizado a conveniencia de muchos gobiernos Estatales, incluyendo el actual de Cesar Duarte, y de usufructuar espacios como El Pasito, donde se adquiere mercancía de ilegal procedencia, pero de donde también los locales son rentados por la familia de Rubén Aguilar, sin pagar un peso de predial, pero si cobrando metro por metro por adelantado y jamás fiado a ningún comerciante.
El gran monstruo de impunidad que los gobiernos priistas han creado, debe llegar a su fin, porque hoy más que nunca su credibilidad y legitimación están a prueba; primero, con el adeudo del impuesto predial, donde Marco Adán Quezada Martínez, ha declarado que se cobrará la totalidad del adeudo que se tiene; es decir, si se habla de 3 y medio millones de adeudo, es seguramente con los anexos legales, pero cabe la posibilidad de que se puedan hacer convenios de pago; si se toma en cuenta que el legislador petista recibirá más de 200 mil pesos entre aguinaldo y compensación, además del salario, bien pueda dar un buen adelanto, y en enero, firmar un convenio para que quincenalmente, de su dieta como legislador, se pueda canalizar un abono para el predial y de esta manera ponerse al corriente.
De igual manera, se puede hacer lo mismo con los atrasos que presentan sus unidades automotoras, las cuáles son numerosas y ninguna se encuentra al corriente de sus pagos; pero eso pertenece al Gobierno del Estado, y aunque es otro asunto, si Cesar Duarte está hablando de cultura de la legalidad, transparencia y rendición de cuentas, pues que le embarguen propiedades suficientes para garantizar la totalidad de los adeudos y de esa forma obligarlo a que pague lo que debe.
En Chihuahua nadie puede estar por encima de la ley, y ningún gobernante puede permitirlo.
El engendro de impunidad en que se ha convertido el Partido del Trabajo, debe tener un límite, porque no es posible que los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal estén jugando con la confianza de la ciudadanía.
Es motivo de gran admiración el hecho de que iniciando el año, numerosas personas jubiladas y pensionadas, en su mayoría de la tercera edad o adultos en plenitud, se concentren en las oficinas de tesorería Municipal y prácticamente abarroten las cajas y aprovechando los descuentos, realicen el pago de predial; muchas de éstas personas, reciben mensualmente una pensión que no sobrepasa los dos mil pesos, pero ahorran todo el año, una pequeña cantidad para hacer frente a sus compromisos, poniéndonos el ejemplo.
La unidad que se presentó en la izquierda nacional, con miras a la candidatura a la Presidencia de la República, que nuevamente encabeza Andrés Manuel López Obrador, debe poner especial interés en la dirigencia del PT en Chihuahua; en cada elección, los recursos que son otorgados por el IFE, son administrados únicamente por Rubén Aguilar Jiménez, sin dar cuenta a nadie, y solamente para aumentar impunemente sus cuentas bancarias; no lo critico, finalmente son cuestiones internas, pero en lo que no estoy de acuerdo, es en la postura de los gobiernos Estatal y Municipal para ofrecer privilegios, impunidad y garantías de no pago de impuestos, mientras que a todos los demás, nos obligan de una manera u otra a solventar nuestros compromisos frente al Estado.
Bien por Marco Adán Quezada Martínez, al no caer en el compromiso político de brindar más impunidad a quien toda su existencia, no ha conocido otra forma de vida.
De la amenaza que hiciera Rubén Aguilar Jiménez, de denunciar penalmente al alcalde y a quien –asegura- filtró la información, se le recuerda que existe una ley de transparencia, que desde hace mucho tiempo, obliga a las entidades que reciben recursos públicos a transparentar el origen de ellos y el destino que se les da, y en eso se encuentran los nombres de los deudores del predial.
No se ha dicho nada sobre otros legisladores deudores, pero es de fácil deducción que los que deben, seguramente antes de que finalice el año, se pondrán al corriente.
En una entrevista con los medios, Rubén Aguilar Jiménez, aseguró que no pagaba porque no tenía dinero; yo pienso, como seguramente lo harán otras personas, que lo que no tiene es vergüenza (aime19_4@yahoo.com.mx)
