La inseguridad es sin duda el problema que más agobia hoy a nuestro país, y en particular a nuestro estado. Se puede afirmar, sin temor a equivocarse, que todos los chihuahuenses hemos sido, al menos, testigos de la violencia y las acciones ilícitas cometidas por la delincuencia común o el crimen organizado. Sin excepción, durante los recientes años, los habitantes del estado, si no hemos sufrido de forma directa la inseguridad que impera, al menos hemos sabido de algún familiar, amigo o conocido que ha sido víctima de un robo, asalto, violación, extorsión, secuestro, lesiones o ejecución, perpetrado por los grupos delictivos que amenazan la soberanía del derecho y del estado mexicano.
A pesar del escenario que vivimos, la existencia de tal situación no es responsabilidad de los gobiernos estatales y federal, independientemente de la colusión y complicidad con organizaciones criminales, en la que han caído algunos malos elementos del ámbito policial, militar y político. El fenómeno que hoy vive el país se deriva de una serie de factores internos y externos, que a lo largo de varias décadas han ejercido sus efectos hasta tejer la compleja y perniciosa trama actual.
La capacidad de los grupos delictivos para infiltrarse tanto en las corporaciones de seguridad como en las esferas gubernamentales y corromper a algunos de sus integrantes, es una de las causas de la problemática que nos azota. La enorme demanda de drogas que se registra en los Estados Unidos de Norteamérica, la economía más poderosa del mundo, es también un fuerte detonante del narcotráfico y de la delincuencia asociada a este. La colindancia de México con dicha potencia es otra significativa razón de carácter geográfico y económico que explica la desmesurada expansión alcanzada por los cárteles dedicados al trasiego de drogas en nuestra nación. El férreo combate dado a fines del siglo veinte por los gobiernos de Estados Unidos y Colombia a las agrupaciones de narcotraficantes colombianas, hasta debilitarlas considerablemente, quizá las orilló a emigrar para aliarse con los grupos de otros países; por lo que esta circunstancia tampoco puede soslayarse en el análisis de la presente encrucijada mexicana. Aunada a lo anterior, la introducción ilegal de arsenales de armas de asalto y grueso calibre, de fabricación estadounidense, que por años ha permeado a nuestra porosa frontera ante el disimulo de las autoridades norteamericanas y la connivencia de algunas de las nuestras, ha venido a agravar el problema, lo que se refleja en el descaro con el que a diario suceden ejecuciones de civiles y policías, o enfrentamientos con las fuerzas del orden, en cualquier lugar de la república.
Son añejas y diversas las causas en las que se arraigan la inseguridad y violencia en las que ahora se debate nuestra patria. Señalar como culpables de la presente coyuntura criminal a los gobiernos estatales o al federal no es sino una postura imprudente e irresponsable. La Marcha por la Paz y el Consuelo, encabezada por el escritor Javier Sicilia, como protesta por el asesinato de su hijo, ocurrido semanas atrás a manos de sicarios en Cuernavaca, Morelos, ha pretendido atribuir al gobierno federal la responsabilidad de lo que está pasando en México, e incluso llegó a solicitar la remoción del Secretario de Seguridad Pública. Al amparo del movimiento de Sicilia ha habido también manifestaciones que han tratado de responsabilizar al Gobierno de Chihuahua por el feminicidio de la activista Marisela Escobedo. Ambas acusaciones son igual de superficiales e inaceptables.
Tanto el Gobierno de Chihuahua como el de la República están cumpliendo su deber en el combate a la delincuencia. Quizá nunca como ahora habían estado tan unidos el Poder Ejecutivo Federal y los de las entidades federativas en torno al propósito común de restablecer la seguridad, el orden y la tranquilidad en nuestras ciudades, carreteras y poblados. Muestra de ello es el operativo conjunto anticrimen que las fuerzas militares y policiales iniciaron en todos los estados y municipios del país al comienzo de la presente semana, bajo la coordinación del licenciado César Duarte Jáquez, Gobernador de Chihuahua; en su calidad de Presidente de la Comisión de Seguridad, de la CONAGO; Marcelo Ebrard, Jefe del Gobierno del D.F.; y el Gobierno Federal.
La crisis de seguridad por la que los mexicanos atravesamos no es responsabilidad exclusiva de los gobiernos, como tampoco lo es su solución. La aciaga circunstancia que hoy nos aflige es producto de las omisiones y los yerros en los que como sociedad hemos incurrido, y su solución es también tarea de todos.
