Los legisladores tuvieron en cuesta en su proyecto medidas de seguridad similares a las legisladas en Arizona, aunque admiten a los inmigrantes indocumentados vivir y trabajar en ese estado.
Para que el proyecto prosperara desde un inicio trascendió la necesidad de una exención federal, de lo contrario tendría altas probabilidades de ser declarado inconstitucional.
Aún no ha llegado a ahí, pero sí abundan los detractores en ambas cámaras del gobierno.
Las medidas policiales propuestas no son tan estrictas como las de Arizona, señaló AOL, aunque la ley deja abierta la posibilidad de detección e interrogación ante un hecho menor.
Ese acápite tiene el rechazo de grupos antiinmigrantes y de legisladores defensores de los derechos de las minorías.
Para los patrocinadores, un demócrata en el Senado y un republicano en la Cámara de Representantes, la iniciativa constituye una alternativa compasiva si se compara con la de Arizona, motivo de polémica nacional.
El representante republicano Jeremy Peterson, a cargo de la iniciativa en la Cámara baja, señaló que muchos residentes de Utah están a favor de asegurar la frontera y que los inmigrantes contribuyan con la comunidad.
El proyecto, objeto de debate, regula que los indocumentados podrían registrarse en el Departamento de Seguridad Pública para residir y laborar en ese estado.
Deben cumplir el requisito de saber inglés, aprobar un examen de antecedentes y pagar impuestos sobre los ingresos personales.
Están exentos de recibir beneficios del gobierno por desempleo y quien no posea el permiso sería deportado.
Utah es de los pocos estados que hace alguna concesión a inmigrantes indocumentados, aunque está bastante extendido el criterio de la utilidad de los mismos a la economía, sobre todo agrícola.
La jornada
