Inicia el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto con notables virajes en materia de políticas públicas relativas a los tópicos más urgentes para México. Entre los principales anuncios efectuados durante sus primeros días de gestión, el primer mandatario ha puesto en la agenda nacional los temas del sonado Pacto por México, que concitó a las principales fuerzas políticas del país con el fin de converger en torno al compromiso para efectuar las grandes reformas que requiere la República para impulsar su competitividad y desarrollo en aspectos fundamentales como los de carácter hacendario y energético. Asimismo, la recién divulgada Reforma Educativa constituye otro importante paso que refleja la voluntad política que anima al titular del Poder Ejecutivo Federal para devolver al estado mexicano la rectoría en el rubro de la educación, con el objeto de mejorar sustancialmente el nivel profesional de los maestros y la calidad de la enseñanza, liberando al sistema educativo mexicano de los vicios y ataduras políticas que durante años lo mantuvieron secuestrado. Entre las innovaciones
de la Reforma Educativa destaca el otorgamiento de autonomía y mayores facultades al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, cuyas funciones consistirán en fijar los criterios para el acceso y la promoción de los docentes, lo que permitirá eliminar las absurdas, perjudiciales y cuestionadas prácticas mediante las que de manera recurrente el SNTE ha venido llevando a cabo la asignación de muchas plazas docentes por la vía de la concesión vitalicia, la sucesión hereditaria o el favoritismo político.
No menos trascendentes resultan los cambios en la política de seguridad pública que el naciente régimen habrá de implementar, pues además de las conocidas transformaciones al marco normativo de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, ahora convertida en Dirección dependiente de la Secretaría de Gobernación, se incorporan en el menú de iniciativas para combatir a la delincuencia, la creación de un cuerpo de gendarmería nacional y la aplicación de una nueva estrategia de seguridad que contemplará la subdivisión del país en cinco grandes regiones interestatales -de las cuales Chihuahua será una de las sedes- y se basará en cinco ejes rectores: Planeación, Prevención, Protección y respeto a los derechos humanos, Coordinación, Transformación institucional, y Evaluación y retroalimentación.
Tales acciones han sido apoyadas por la opinión pública, así como por los sectores periodístico, empresarial y político, pues son muestras de la firmeza y el mando con los que Enrique Peña Nieto y su gabinete están dispuestos a ejercer el poder, con la finalidad de impedir que la impunidad y la ingobernabilidad se enseñoreen en el país, así como para detonar la competitividad y el crecimiento económico, social y cultural de la nación, a efecto de brindar oportunidades reales de superación y desarrollo a millones de mexicanos que hoy se ven obligados a sobrevivir en condiciones de marginación y pobreza, e incluso como potenciales infractores de la ley ante la escasez de medios para satisfacer sus necesidades elementales.
Alentador para la nación es, sin duda, el dinámico comienzo del ejercicio gubernamental de Enrique Peña Nieto, quien en lo particular ha sembrado grandes expectativas para el gobierno y la sociedad chihuahuenses, pues en su reciente visita realizada a la entidad el pasado 18 de Diciembre, refrendó su compromiso con Chihuahua y su respaldo al gobernador César Duarte, al afirmar “seré el padrino del resurgimiento de Chihuahua”, antes de rematar: “Chihuahua Vive, y México se está moviendo”.
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