Ese órgano del Congreso de la Unión respaldó la determinación del presidente del Senado, el panista José González Morfín, de ordenar la publicación del decreto que expide esa ley, el pasado 29 de junio y se le instruyó para que continúe con el trámite correspondiente.
El hecho inédito, ya que es la primera vez que el Congreso de la Unión, en uso de las nuevas facultades que le confiere el artículo 72 constitucional, echa abajo un veto presidencial y ordena la publicación de la ley en cuestión, fue aplaudido por el dirigente del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Javier Sicilia, quien se presentó en la sesión de la Comisión Permanente.
Sicilia calificó la decisión de los legisladores de “un gran acto republicano” y luego, en entrevista, advirtió que si Calderón interpone una controversia ante la Suprema Corte de Justicia, para insistir en su veto, “estará manchando su imagen más de lo que ya está”.
Le exigió “honrar” su compromiso y promulgar la ley. “Esperamos que se apegue a su palabra y a lo que les debe a las víctimas”, recalcó, mientras que integrantes de su movimiento festejaron también la determinación del Congreso con gritos de júbilo. “¡Sí se pudo, sí se pudo!”, corearon.
La decisión, sin embargo, dividió al PAN. En una reunión de la mesa directiva y luego durante el debate, en la sesión de la Permanente, el coordinador de los diputados blanquiazules, Alberto Pérez Cuevas, pretendía que el Congreso aceptara analizar las observaciones que Calderón le remitió.
En tribuna, tanto él como Gustavo González argumentaron que las observaciones de Calderón son de fondo, ya que se trata de una ley que nace “sin la potestad del Congreso para legislar en la materia”, pero ante la postura de los senadores blanquiazules Ricardo García Cervantes y María Teresa Ortuño, a favor de no aceptar las observaciones, al final votaron en favor del acuerdo mayoritario.
Durante el debate, el diputado priísta Humberto Benítez Treviño insistió en que el veto de Calderón a esa ley fue extemporáneo, toda vez que el Congreso remitió el proyecto de decreto de la Ley General de Víctimas a la Secretaría de Gobernación el 10 de mayo pasado, y el Ejecutivo, de acuerdo con el 72 constitucional, contó con un plazo de 30 días para formular observaciones y 10 días más para promulgarla.
Como el plazo venció –el 20 de junio– el presidente de la Cámara de Senadores, que fue la de origen de la ley, contó con 10 días más para ordenar su publicación, lo que hizo el pasado día 29.
Los perredistas Mary Thelma Guajardo y Carlos Sotelo recalcaron que es ilegal la maniobra fraguada entre Calderón y el presidente de la Cámara de Diputados, el panista Óscar Arce Paniagua, quien el mismo 10 de mayo retiró el proyecto de decreto de Gobernación y lo mantuvo veinte días en San Lázaro, sin que ello fuera del conocimiento de los demás grupos parlamentarios, a fin de variar el plazo para vetar la legislación que responsabiliza al Estado por los daños a las víctimas de la delincuencia organizada y de violaciones a derechos humanos.
El senador perredista Leonel Godoy pidió no cargar a las víctimas las fallas que la legislación pudiera tener. El diputado priísta Benítez Treviño, autor de la propuesta de devolver a Calderón las observaciones, destacó que el Ejecutivo puede promover una controversia constitucional o expedir los reglamentos correspondientes, a fin de que la Ley General de Víctimas pueda operar.
