Al mismo tiempo, el Senado, y en especial la bancada panista, se opone a aprobar la Minuta por la cual se eleva a rango constitucional el derecho a la alimentación.
La propuesta de reforma a dicha Ley es una propuesta de los Senadores Mario López Valdez (expriísta y actual gobernador de Sinaloa por la coalición PAN-PRD), Melquíades Morales Flores, Amira Griselda Gómez Tueme y Rene Zoreda Novel. El dictamen ya fue presentado en el pleno en primera lectura (9 de diciembre 2010) y en la que están involucradas 6 comisiones, para reformar la Ley de Promoción de los bioenergéticos, para cambiar la prohibición existente en dicha ley en el sentido de no autorizarse el uso de maíz nacional para la elaboración de etanol en caso de existir déficit nacional de dicho grano esencial para la alimentación de toda la población y la seguridad alimentaria del país. Se pretende reformar la citada ley para sustituir el mandato existente de déficit nacional por el de déficit estatal o regional y de esta forma permitir que estados excedentarios en la producción de maíz, como es el caso de Sinaloa, puedan desviar el grano de los mercados nacionales alimentarios a la producción de etanol para automotores.
Esta reforma obedece a las presiones de inversionistas nacionales (en primer lugar y de manera directa a Eduardo de la Vega, de Destilmex y Zucarmex) y extranjeros (Cargil, Archer Daniels Midland), para impulsar “negocios verdes” y “energías limpias”. En caso de aprobarse esta reforma, el país que ahora importa 10 millones de toneladas de maíz al año (30% de la demanda nacional) con un valor de 3 millones de dólares (37,500 millones de pesos) se vería obligado a aumentar sus importaciones de maíz hasta alcanzar el 50% en los próximos cinco años. Una dependencia absolutamente inaceptable y peligrosa.
Al mismo tiempo, con la sustracción de millones de toneladas de maíz del mercado alimentario y su desviación para la elaboración de etanol, los precios de la tortilla de por sí elevadísimos (10-12 pesos por kilogramo)se dispararían aún más provocando mayor pobreza alimentaria para millones de mexicanos y mexicanas.
Recientemente el Coneval, la CEPAL, el PNUD y la UNICEF han dado a conocer el incremento de la pobreza alimentaria de México en los últimos cuatro años hasta llega a casi 25% de la población total, principalmente en niños y niñas de 5 años y menos, en las poblaciones rurales y las regiones indígenas. Es una inmoralidad constatar esta realidad y esta violación sistemática a uno de los derechos humanos más fundamentales, vinculado estrechamente con otros derechos como el derecho a la salud y a la educación, y que el Senado se resista a aprobar la minuta de la Cámara de Diputados por la que se reforma el artículo 4º Constitucional para incorporar en nuestra ley suprema el derecho a la alimentación y al mismo tiempo pretenda aprobar una reforma legislativa que profunizará la pobreza alimentaria y la dependencia de nuestro país para aumentar las ganancias de inversionistas nacionales y extranjeros. Es el colmo de la inmoralidad y la indolencia. No debemos permitirlo ni permitírnoslo como país.
Se pretende usar maíz para Etanol, mientras que el Derecho a la Alimentación sigue empantanado, ni se aprueba, ni se cumple en su ejercicio, aún cuando el derecho existe por acuerdos internacionales y por ello ya es parte de nuestro marco legal. Eso si, el Senado pretender aprobar reformas de ley contrarias a este derecho.
De llegarse a aprobar esta reforma de ley, se agudizará la pobreza alimentaria. Si de por si, hoy en día los alimentos se encarecen día a con día, es previsible que en Enero de 2011 se encarezcan aún más los alimentos y se comience con la especulación de granos básicos.
Por ello desde la Campaña Sin maíz no hay país exigimos que no se produzca Etanol a partir de alimentos, maíz y sorgo en México, hasta que no se asegure cubrir la demanda nacional y se garantice el acceso a una alimentación sana, suficiente y culturalmente apropiada para toda la población. Asimismo, pedimos al Senado de la República que apruebe la Ley de Planeación para la Seguridad y Soberanía Agroalimentaria y Nutricional con el objetivo de disponer de un sistema de planeación agroalimentaria a largo plazo con base en la soberanía alimentaria, el derecho a la alimentación y la revalorización de la agricultura campesina.
Hacemos un llamado y una exigencia al Senado para no cometer semejante inmoralidad y al mismo tiempo envíen una señal clara y rotunda a la nación y al mundo de que en México el derecho a la alimentación es un derecho constitucional y que el hambre es inaceptable para un país que se reputa democrático y de primer mundo.
Hacemos un llamado a las organizaciones de la sociedad civil para movilizarnos y presionar al Senado para evitar el albazo legislativo entre el lunes 13 y el miércoles 15 de diciembre.
¡¡¡Aprobar ya el derecho constitucional a la alimentación y rechazar la reforma a la ley de biocombustibles es un imperativo ético y de Estado!!!
