El documento se signó en el marco del 59 aniversario de la otorgación a la mujer mexicana del derecho al voto.
La firma que se celebró en el Pleno del Tribunal Estatal Electoral, donde acompañado por su esposa Bertha Gómez de Duarte, el mandatario estatal comentó que el Estado Mexicano ha suscrito documentos y a nivel internacional se han dictado lineamientos, se han creado leyes para prevenir, erradicar y sancionar los actos de violencia. “pero hay que reconocer que la brecha entre las leyes y los hechos es amplia, nos falta avanzar en el desempeño de los servidores públicos encargado de impartir justicia”, aseveró.
El gobernador resaltó la importancia de contar con una impartición de justicia con perspectiva de género, porque los órganos jurisdiccionales representan la esperanza de las mujeres de que se respeten y garanticen sus derechos.
Celebró la adhesión al pacto de todas las instancias firmantes, lo cual refleja que en nuestro estado existe la certeza de que los órganos no denigran a las personas por cuestiones de género y a la vez incluye el compromiso de los juzgadores de actuar con un espíritu de justicia.
Añadió que lo anterior significa escudriñar la norma y asegurar que quien juzga está perfectamente libre de prejuicios asignados de forma arbitraria por razón de su sexo.
Enfatizó que actuar con perspectiva de género es una tarea que debe empezar por dejar de pensar que en la impartición de justicia, la balanza de debe inclinar hacia las mujeres.
Dijo que esta función no se limita a las sentencias, sino en el desempeño cotidiano de los funcionarios que actúan en los procesos de impartición de justicia.
El jefe del Ejecutivo reiteró su compromiso con el sexo femenino: “No escatimaremos en el apoyo a las instancias que trabajan a favor de las mujeres”, dijo.
Asimismo, expresó su reconocimiento a la directora de la Facultad de Derecho de la UNAM, María Leoba Castañeda Rivas, primera mujer que dirige la citada facultad
En su intervención, el presidente del Tribunal Estatal Electoral, Magistrado José Miguel Salcido Romero, señaló que dar a las mujeres el derecho de votar, hecho registrado en 1953, fue un paso de enorme trascendencia para los principios de libertad e igualdad, que son la base de cualquier sociedad democrática.
Felicitó a la directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), María Leoba Castañeda Rivas, quien es la primera mujer en dirigir los destinos de esa institución educativa, en los 102 años que tiene de vida la máxima casa de estudios del país.
Destacó que acciones efectuadas en Chihuahua como la recuperación de la paz y el orden, así como brindar la oportunidad de estudiar en los niveles medio superior y superior a todo aquel que solicitara un espacio, brindan a los chihuahuenses igualdad y libertad.
Al hacer uso de la palabra, la magistrada y representante de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, Roxana García Moreno, dijo que en 1912 las mujeres solo tenían derecho a votar sólo en dos países, mientras que a 100 años de esa fecha, ese derecho es casi universal.
Dio a conocer que actualmente 186 países, entre ellos México, han firmado al pacto de eliminación de todas las formas de violencia contras las mujeres.
Explicó que Chihuahua ha sido punta de lanza en leyes que promueven la igualdad, hay registros de que una mujer votó cerca de 50 años antes de que constitucionalmente se le diera esta derecho a las ciudadanas mexicanas.
Comentó que en Chihuahua existió la presencia de mujeres en los ayuntamientos, cinco años antes de la Ley Federal marcará la obligación de brindar espacios públicos a la mujer en los cabildos y añadió que Chihuahua es de las primeras entidades que signa el pacto que se firmó este día en el Tribunal Estatal Electoral.
Cabe señalar que el pacto signado es un documento que establece los lineamientos a seguir para introducir la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia, destacando como acciones a implementar: juzgar con perspectiva de género y la capacitación en este tema al personal de los órganos jurisdiccionales.
En materia laboral se destacan como medidas: erradicar el hostigamiento laboral y sexual; revisar las políticas que permitan eliminar la discriminación, por ejemplo: promover el ejercicio compartido de las responsabilidades familiares, el reparto de la jornada laboral, adoptar licencias de paternidad, proveer servicios de atención médica, guardería y preescolar, elaborar contratos laborales con criterios de género eficaces, eliminar códigos de vestimenta, combatir el uso de palabras sexistas o discriminatorias, entre otras.
Este acuerdo se originó con motivo de la adhesión del Estado Mexicano a diversos tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres (CEDAW), así como la Convención Americana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belem Do Pará), se obligó a las instituciones gubernamentales, entre ellas a las jurisdiccionales, a adoptar medidas tendientes a cumplir con las acciones precisadas en dichos instrumentos internacionales.
Como consecuencia de lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se dio a la tarea de elaborar el Pacto para Introducir la Perspectiva de Género en los Órganos de Impartición de Justicia en México, al cual se adhirió la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ).
